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Llega la hora para la renovación del contrato que celebran -cada diez años entre el Gobierno Nacional y la Federación de Cafeteros- para la administración del Fondo Nacional del Café y que se nutre principalmente de los recursos de la contribución de US$0,06 por libra de café exportado.
La garantía de compra es uno de los activos más apreciados por los productores, por cuanto la Fedecafé fija el precio piso en el mercado interno, y los exportadores privados, para adquirirlo deben pagar un precio por encima de ese valor. Por lo tanto, como los actores privados compran 80% del café que se exporta, significa que los campesinos reciben un mayor precio gracias a este instrumento, que ratifica que el Fondo del Café es un comprador de última instancia.
Es un mecanismo de mercado en el que las grandes compañías del mundo favorecen al cultivador, conviviendo con un mecanismo de intervención, haciendo su negocio como exportadores privados, para bien de Colombia y de los cafeteros.
La garantía de compra se ejerce a través de las cooperativas de caficultores -de las que son socios los cafeteros cedulados y cuentan con cerca de 500 puntos de compra distribuidos por todo el país. En algunos corresponde subsidiarlos, por estar alejados o en municipios muy pequeños; la prioridad es garantizar estar cerca del productor, pero en ello consiste este bien público.
Sin embargo, el gobierno debería exigir, la prohibición al Fondo del Café de comprar el grano a comerciantes particulares; debe ser exclusivamente a las cooperativas. Así se fortalecen y generan beneficios a los cafeteros. No tiene sentido que como ocurre hoy, otros hagan utilidades que corresponden a las cooperativas.
El Fondo Nacional del Café como comprador de última instancia debe quedar autorizado - además de exportarlo- para vender a particulares cuando sea menester.
De la misma forma debe quedar prohibido que el administrador del contrato, en este caso la Fedecafé, realice negocios de café pergamino y verde para su beneficio, lo que constituye un verdadero conflicto de interés; los negocios sólo pueden beneficiar al Fondo Nacional del Café.
El contrato debe ratificar la facultad legal de ejercer el control de calidad en puerto para todo el café que se exporta, que da garantía a los compradores que es colombiano de la mejor calidad. Gran parte del café que hoy se importa, si no se demuestra que se factura a tostadores nacionales, es de presumir que va al comercio interno para ser mezclado, lo que se constituye en un contrabando técnico.
El riesgo ha aumentado por el problema arancelario de Brasil con EE.UU., que hace muy atractivo tratar de “bautizar” su café como colombiano; ni hablar del que se dice entra de contrabando, para mezclar y exportar. El actual contrato obliga a la Fedecafé a apoyar la prevención y control del contrabando de café.
Por lo tanto, la única posibilidad de impedir que se desprestigie la calidad de nuestro café ante el mundo está en manos de la Federación de Cafeteros que ejerce esta función a través de Almacafé en los puertos.
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