En defensa del consumidor

La disminución de aranceles para frijol, ajo, lentejas, aceites crudos y refinados, no va a arreglar el problema de la inflación de alimentos, pero constituye un primer paso para adoptar medidas de fondo que defiendan el bolsillo de los consumidores, como es la obligación del Estado.

El objeto de un sistema económico es producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades del consumidor, al precio más favorable. En una economía de mercado este se logra por la ley de oferta y demanda, que se supone es la que trae como resultado un precio justo para el productor y el consumidor. 

Desafortunadamente en nuestro país nos acostumbramos a que a costa del consumidor se protegen los agricultores y su ineficiencia, permitiéndoles a través de protección arancelaria cobrar precios muy altos, generando una transferencia de ingresos desde las amas de casa para favorecer sus utilidades, que se constituye en un subsidio de los consumidores a los agricultores.

Nadie defiende a los consumidores, excepción desde luego, del Superintendente Pablo Felipe Robledo que ha puesto a pensar al país sobre los abusos de los productores. Pero por ejemplo, en el Congreso de la República nunca observamos un debate defendiendo al consumidor, y por el contrario encontramos innumerables “padres de la patria” defendiendo a los agricultores, olvidando inclusive el origen de sus votos en la mayoría urbanos. Esto sucede seguramente por la nostalgia de un país agrícola y el complejo de culpa de no apoyar como se debe al campo. De pronto no está lejos el día en que surjan líderes políticos que enarbolen esta bandera.

No se trata de olvidar la actividad agrícola; por el contrario debe ser el Estado - con los impuestos recaudados - el que apoye a los sectores que requieran ayuda, con bienes públicos que les permita ofrecer productos a precios competitivos. Inclusive, apoyos directos como se ha hecho con los productos agrícolas de exportación como el café, el banano y las flores, entre otros. 

Se considera fundamental mantener estos renglones de exportación  agrícola, y al no poder imponer un sobreprecio a los compradores del mundo, les llega un cheque del Estado, cuando es necesario. Por el contrario, los productos que tienen en el mercado interno su principal comprador, son los consumidores quienes los subsidian, pagando el doble de precio. 

Constituye la mayor transferencia de ingresos de los pobres, compradores urbanos, hacia los productores agropecuarios, que de esta manera logran enormes utilidades, que lleva el valor de la tierra a precios exorbitantes.

Paradójicamente los trabajadores del campo registran altos grados de pobreza e informalidad, por lo que migran a las ciudades, y hoy la falta de mano de obra en el campo se convierte en un cuello de botella para los nuevos desarrollos que el país requiere.

Por lo tanto, estamos en el momento apropiado para resolver el problema de precios de los alimentos, rebajando de una vez por todas los aranceles, en el entendido que los problemas de precios por demanda,  no se resuelven sino con más oferta.

Los altos aranceles esconden ineficiencia, impiden la competitividad de la industria y no estimulan a los agricultores a producir para el mundo, compitiendo como hoy lo hace el Perú.

Reitero, los subsidios, deben salir del presupuesto nacional que se nutre con los impuestos de los que más tienen, y no injustamente de los hogares. No podemos propiciar más concentración del ingreso.