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Será absolutamente desconcertante conocer que en la legislatura que terminó fue aprobado otro proyecto, convertido en ley, que ya está para la sanción presidencial. Me refiero al titulado: “Por medio del cual se crea el fondo del emprendimiento de cafés especiales para el impulso del sector caficultor en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”.

Resulta inaceptable que la Federación de Cafeteros permita que, en una misma legislatura se aprueben dos leyes, que reemplazan las funciones que esta cumple hace 98 años. Todos los asuntos de política pública del café se han ejecutado exclusivamente por parte del gremio, consolidando el modelo de la parafiscalidad en Colombia.

Ahora resulta que, por extraña coincidencia, esta nueva ley también fue radicada, y contó como ponentes a miembros del Centro Democrático, que han desmantelado a la Federación en sus funciones -para felicidad del Gobierno- pero al parecer sin que la Fedecafé se percatara porque, me resisto a creer que haya sido con su complicidad.

Los cafés especiales se empiezan a promover desde 1996, para diferenciar el commodity después del rompimiento del Pacto Cafetero. Gabriel Silva le recibe el programa a Jorge Cárdenas, dándole un impulso decidido, creando la política de valor agregado, y una cultura en la que se consideró que todo lo que se lograra vender por encima del precio de bolsa, ya era un café especial.

Este impulso llevó a que en la primera década del año 2000 un 50% de lo que exportaba el Fondo del Café era especial, pero adicionalmente los exportadores privados se unieron a esa política, logrando el país exportar 30% en especiales.

Ahora resulta que lo que el gremio ha liderado -y las fuerzas del mercado han consolidado como un mayor valor, que los compradores del exterior han estado dispuestos a pagar- el Congreso ha resuelto reglamentarlo por ley, asignándole la responsabilidad a los ministerios de Agricultura y Comercio, a Procolombia y al Sena.

Para iniciar, establecen el registro único de productores de café especial que, de acuerdo con la definición, son todos los productores; por lo tanto, es la forma de volver público el Sistema de Información Cafetera, que es la vía más fácil de politizar los recursos, con lista en mano, otorgando incentivos y estímulos, perdiendo la condición de bienes públicos.

Quedan facultados para crear sellos de café y le asignan a MinComercio la responsabilidad de la promoción de cafés especiales, en el mercado nacional y en el exterior.

¿Todo lo que ha hecho la Federación deberá ser entregado a quienes ahora tendrán esas funciones por mandato legal? ¿Creen los congresistas que lo que se ha logrado con libertad -por el conociendo del gremio a sus federados- lo va a ejecutar mejor el gobierno de turno?

Es inadmisible que esta ley se haya aprobado y la Federación en un silencio complaciente. Desde la ley 101 de 1993, sólo se habían aprobado las leyes presentadas por la Federación, acompañadas por los gobiernos; se lograron atajar con argumentos, las innumerables iniciativas que desbarataban la institucionalidad cafetera, pero ahora, con esta cosecha de origen parlamentario, se ha roto todo el marco institucional. Todo a meses de la negociación del nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café.