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Analistas 24/02/2022

Zapatero a sus zapatos

Guillermo Cáez Gómez
Socio Deloitte Legal
GUILLERMO CAEZ

Esta semana la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental para la salud pública y en especial para los derechos de las mujeres: por vía judicial se despenalizó la interrupción del embarazo hasta las veinticuatro semanas. En un país con una raíz profundamente conservadora, las voces en contra de la decisión de la corte no se hicieron esperar. Es respetable lo que cada ciudadano quiera opinar al respecto del aborto; en mi caso, celebro que la Corte Constitucional haya por fin dado el paso correcto hacia una sociedad más equilibrada en materia de derechos para las mujeres.

Si bien no pretendo convencer a nadie de lo que, con profunda convicción, considero un avance en política pública en salud para el país con esta decisión, sí busco llamar la atención de las lectoras y lectores de esta columna y, sobre todo, al presidente Iván Duque por su insólita, descarada e imprudente intención de cuestionar el fallo de la Corte Constitucional, porque es una clara intromisión y un irrespeto a la separación de poderes en un Estado que cada día tiene menos cara de democrático.

Pero mi cuestionamiento no es solo desde la teoría del Estado o de la división y respeto que debe haber entre las distintas ramas del poder público. Quiero ser enérgico al señalar que el presidente Duque no puede gobernar con sus convicciones religiosas, morales o personales. Una persona que se hace elegir presidente (por más agenda política que tenga) no puede mezclar sus opiniones o creencias para que con esa disculpa irrumpa y rompa el equilibrio que debe existir en el Estado social de derecho. Con lo que hizo el presidente termina de poner la cereza en el pastel en toda una serie de desaciertos, a los que se suma un nuevo intento de entrometerse en las decisiones que toman los jueces de la república.

Sin importar su tendencia política, debe volverse inconcebible para nosotros los ciudadanos que un presidente o un político pretenda usurpar otros poderes escudándose en la defensa de sus convicciones personales. Un presidente no es elegido para gobernar para él y sus creencias: es elegido para afrontar retos de política pública sin sesgo ideológico, pues más allá de las creencias, el aborto en diferentes etapas no ha dejado de existir pese a su penalización. Lo mismo pasa con la política antidrogas y otros ejemplos que trascienden al convertirse en un fenómeno de salud pública al que no se le puede dar la espalda por cuenta de la mojigatería.

Solo en términos económicos, los abortos que se practican de forma ilegal le generan un costo muy alto al sistema de salud, pues la mala práctica obliga a su intervención. En comparación, con la práctica legal y vigilada se evita sobrecargar al sistema e incrementar el riesgo de salud de la mujer que autónomamente ha decidido interrumpir su embarazo.

Así que el Presidente en su casa podrá creer lo que considere más conveniente y en su círculo cercano expresarlo con absoluta holgura; lo que no le es permitido es que, en calidad de presidente de la República, cuestione la institucionalidad e intervenga de manera descarada en las decisiones de los jueces de la república. Para rematar, señor presidente: es imposible que la interrupción voluntaria del embarazo sea utilizada como un medio anticonceptivo pues, como es obvio, dicha interrupción se practica posterior a la concepción, ¡así que menos sesgo y más atención a la política pública!

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