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¿Y la Justicia qué?

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Por estos días la discusión pública y de los medios de comunicación se ha enfocado en la ley de financiamiento presentada por este Gobierno. Es apenas obvio que temas como la posibilidad de gravar con IVA bienes de la canasta familiar, que hoy se encuentran excluidos o con tarifa cero, centren nuestra atención, pero no debemos dejar de lado el resto de los sectores que, como éste, exigen interés.

Dentro de las metas para que el país sea competitivo no solo debe medirse el cumplimiento de la regla en materia fiscal. Índices como la efectividad de la forma y tiempos en que se resuelven los conflictos en Colombia deben tener mayor impacto en la agenda de gobierno, pues de poco servirá ser fiscalmente atractivos si no contamos con un sistema de justicia que permita generar la tranquilidad a los inversionistas extranjeros en la seguridad jurídica en el país.

Este sector ha sido históricamente olvidado por los gobiernos anteriores y el actual debe ser la excepción a esta regla. Hoy, como fue costumbre en el gobierno anterior, estamos con una justicia civil a media marcha y con una amenaza inminente de entrar en cese definitivo de actividades por cuenta de la implementación del Acuerdo 11127 de 2018 que, entre muchas otras medidas, pretende convertir algunos juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas, aumentando la capacidad en estos últimos, pero desmejorando la cobertura en los primeros. Es decir: por hacer más, se hace menos.

La justicia civil no es de menor importancia, pues es el catalizador social que impide (si se resuelven los conflictos de manera oportuna) que los ciudadanos tomen justicia por su propia mano e incluso acudan a instancias penales para tratar de encontrar justicia en un escenario que no es el propio a su situación. Por otro lado, es la forma en que las grandes inversiones miden (además de los indicadores financieros y modelos económicos) el riesgo de ingreso a un país. En Colombia estamos rezagados por mucho en este aspecto y debemos dejar de desatender un llamado de urgencia, para pasar de gobierno en gobierno, como el juego del “tingo tingo tango”, la responsabilidad de generar el modelo de justicia acorde a un país que se está diseñando y pensando en el crecimiento económico y empresarial.

El primero de los retos que debemos empezar a alcanzar es el crecimiento indudable en número de juzgados que necesitamos. Hoy, tenemos un atraso importante de conflictos por resolver y, si bien se han implementado medidas como la oralidad, estas medidas han ayudado a los procesos actuales, pero no a los pasados. Se requieren medidas urgentes y ahí sí estructurales para darle pronta solución a este asunto de una vez por todas y sin dilaciones.

Por otra parte, además de lo obvio que resulta aumentar la planta de personal, debe darse paso a la digitalización (no solo de expedientes) de la Justicia, la unificación de los despachos judiciales en un gran complejo judicial que mejore la infraestructura actual y un aumento en el presupuesto que pueda atraer talento a estas corporaciones.

Actualmente, los ciudadanos, empresarios e inversionistas deben pagar un elevado costo por no ver resueltos sus conflictos de manera eficiente y en cambio con un detrimento a la confianza depositada en el órgano judicial. Esta columna es un llamado al Gobierno y a los medios de comunicación para que le pongamos también atención a la Justicia, pues no podemos visualizarnos como una economía emergente mientras funcionamos como en la era de las cavernas.

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