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Analistas 25/08/2022

Ojo con los servicios

Guillermo Cáez Gómez
Socio en CMM Abogados

Hace pocos días se conoció que el Gobierno de Gustavo Petro no tramitará de manera conjunta la reforma tributaria y la del régimen laboral. Las razones son más que obvias, primera por conveniencia en el discurso y por no cargar con el costo de tener que defender dos ambiciosas reformas, la segunda porque es evidente que primero se requiere solucionar el flujo de caja del país y luego ver otros aspectos a impactar y, por último, no se va a cargar al empresariado en el mismo año por el impacto financiero que pueda generar sumarle más cargas laborales.

Aun así, Gloria Inés Ramírez, actual ministra del Trabajo del gobierno de Gustavo Petro, ha dado algunas muestras de algunos de los caminos que pretende tomar la postergada reforma laboral. Uno de los puntos que ha generado mucha controversia es la propuesta de desmontar gradualmente el contrato de prestación de servicios, lucha que ha sido bandera de muchos políticos del país, como si esta modalidad de contratación fuera el demonio en carne propia.

El sector de los servicios personales, de profesionales independientes e incluso de emprendedores que recorren este camino para empezar a validarse en el mercado, es una fuente inagotable de recursos y de flexibilidad que permite tener movilidad para que la economía de quienes no tienen presupuesto para contratar a una persona de tiempo completo o para quienes no están interesados en ser trabajadores de dedicación exclusiva. Ahí, estas personas encuentren un espacio para poder desarrollarse personalmente.

Atacar una modalidad de contrato con tantos beneficios solo por el hecho de que algunos quieran hacerle trampa a la ley laboral, no nos debe llevar a perder el norte y la dinámica para que un contrato tan importante termine satanizado. Es muy corto este espacio para seguir desarrollando los grandes atributos de esta modalidad de contratación, así como ya existen herramientas suficientes en la legislación actual para castigar a quienes -como decía anteriormente- han disfrazado estos contratos cuando en la práctica son verdaderos contratos laborales.

Pero el ejemplo empieza por casa. Es común que sea el Estado quien tenga la mayor carga de responsabilidad reputacional en la modalidad de contratación por prestación de servicios profesionales. También es muy conocido que existen entidades con verdaderas nóminas paralelas por intermedio de los contratos de prestación de servicios, con exigencias propias de un funcionario con beneficios de sobra como para soportar dichas cargas de horario, etc.

He tenido la oportunidad en mi vida laboral de trabajar para el Estado prestando servicios profesionales y por conocimiento de causa, sé que en muchos casos las entidades se ven obligadas a contratar de esta manera ante la imposibilidad de que su planta de personal sea ampliada para el cumplimiento de sus funciones. Pero en otros casos, tuve que lidiar con la politiquería que trae consigo la posibilidad de ver que por medio de este contrato se cumplen cuotas, pagar favores con las famosas “corbatas” (contratos que se pagan sin que la persona preste realmente un servicio), sin que entidades como la contraloría ponga la lupa ahí.

Este gobierno prometió acabar con la politiquería y uno de los aspectos en los que debe concentrarse la ministra Ramírez es en acabar con contratos que tienen duplicidad de funciones, nóminas paralelas y contratos de prestación de servicios para dar cuotas y no en atacar porque si una modalidad que tiene muchos aspectos positivos para la economía del país.

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