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La seducción del “Cartel de vigilancia”

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Hace tan solo unos días el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, denunciaba la posibilidad de que el Congreso de la República se haya visto permeado por la capacidad de maniobra de las empresas de vigilancia a la hora de incluir “micos” en el trámite del proyecto de ley 72. Dicho proyecto pretende regular el servicio de vigilancia en Colombia, y tales maniobras podrían resultar en irregularidades que terminen beneficiando a este sector en detrimento del consumidor y de la libre competencia. 

Es claro que la Superintendencia ha ejercido una labor juiciosa para probar la existencia de unos carteles empresariales en nuestro país y que los mismos, en algunos casos, al ser parte de poderes económicos organizados, sin duda han ejercido su poderío para tratar de frenar la labor de la entidad:  han intentado quitarle los dientes para seguirse lucrando, y casi que estafando a los consumidores, con sus malas prácticas comerciales. 

Este es el caso del “Cartel de la vigilancia”, frente al que la Delegatura de Protección de la Competencia se encuentra en trámite de emitir informe motivado, seguramente para sugerir al Superintendente aplicar sanciones económicas por encontrar probadas las malas prácticas en colusión en licitaciones -que no es otra cosa que repartirse la torta de las licitaciones-, y al parecer, por un acuerdo de precios -ambas prácticas absolutamente reprochables. Pero mas allá de lo que logre probar la Superintendencia de Industria y Comercio, está la fractura moral e institucional que desde hace tanto sufre una parte del Congreso de la República, que se ve seducida por las mieles del establecimiento y de esta manera  legisla,  en algunos casos, en contra de su mandato popular y constitucional, es decir, en representación de los ciudadanos, para hacerlo en representación de intereses económicos. 

Comparto la interpretación del Superintendente Robledo sobre el artículo 85 del proyecto de ley, el cual en principio pareciera ser una gran proclamación y reafirmación de que los principios de la libre competencia serán aplicables, pero por otro lado, contrario a lo inicialmente proclamado, le mete una puñalada trapera y legaliza situaciones de concentración empresarial anteriores a esta ley. Es decir que quienes hoy están cartelizados -en ese “yo con yo” que se convirtió el negocio de la seguridad privada-, podrán seguirlo estando, error grave y en contravía del ordenamiento constitucional y todo el régimen de competencia.

Señores congresistas, ¡no nos crean pendejos!, ese artículo tiene nombre propio: Jorge Moreno Ojeda. Es muy grave lo que se quiere legalizar en esta ley. Es de tal proporción como despenalizar la corrupción y  maniatar a quienes luchan por la transparencia del mercado. 

El artículo 85 es digno de “mercenarios legislativos”, no soporta un debate serio y de conocimiento en derecho de la competencia, pero parece que para algunos congresistas puede más el lobby que cumplir su función sin interferencias.

Es importante manifestar el descontento, desconcierto y rechazo a este proyecto de ley, no solo porque es un “Frankenstein” jurídico, sino además, porque no podemos permitir que nos impongan una legislación que favorece y enriquece ilegalmente a unos pocos, en contra de los consumidores quienes, a cambio, tenemos que pagar más de la cuenta por un servicio disfuncional y deficiente. 

Pero tranquilo, señor lector: esto no es con usted. Por lo mismo, siga dejando hacer y dejando pasar, que el mundo no se va acabar.
 

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