Formalización vs. evasión

El pasado martes, se llevó a cabo el foro organizado por este diario en el que se trató de abordar el tema de la evasión fiscal y las herramientas que se pretenden implementar para combatir los efectos negativos que tiene este fenómeno en el déficit fiscal del país.

Tuve la oportunidad de oír al recientemente nombrado director de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre las causas de la evasión. En el curso de su intervención mencionó cómo una -no la más importante- de las causas de la evasión en Colombia es la informalidad en la que se celebran los negocios y la imposibilidad, por parte de la entidad que hoy dirige, de fiscalizar a 100 % de los sujetos que puedan estar incursos en esta práctica.

Sin entrar en muchos detalles sobre la informalidad y sus causas, es importante tener presente una variable que, espero, logre cambiar el rumbo de la discusión sobre la aplicación de las normas en materia tributaria para que podamos empezar a ver -en palabras de la doctora Carolina Rozo- una relación Estado-contribuyente basada en el principio de la buena fe.

Hay que ser claros: estamos frente a un Gobierno que necesita ampliar su recaudo para poder cumplir con sus metas fiscales y no verse en aprietos para ejecutar su programa de Gobierno.

También estamos parados en un momento clave para el proceso de crecimiento empresarial, en donde tenemos un Estado con voluntad política para generar los cambios necesarios, pero con agendas legislativas que no conocemos y que podrían llevar al fracaso un modelo cargado de buenas intenciones pero amigo del “copy-paste” y no de crear cambios disruptivos en la forma de procesar nuestra propia realidad.

Bajo esa premisa, en la próxima reforma debe no solo pensarse cómo llevar a la cárcel a los evasores de impuestos o cómo gravar más productos para lograr aumentar el recaudo de manera facilista.

La nueva reforma -esperamos que sea la única de este Gobierno- debe pensar en que el tejido empresarial colombiano no está conformado en su mayoría por grandes empresas: por el contrario, cerca de 96 % es compuesto por micro, pequeña y mediana empresa, por lo que los cambios deben tener presente la realidad del 100 % y no de la minoría.

Tal como lo he dicho en varias ocasiones en esta columna, una de las causas atribuibles del fracaso empresarial es la falta de flujo de caja producto de la nefasta agrupación de tres circunstancias: la excesiva carga tributaria, la complejidad del sistema y los tiempos de pago para ese 96 % de las empresas del país. Esta tormenta perfecta tiene que revisarse y ajustarse en esta nueva reforma.

De nada sirve a la pequeña y mediana empresa en Colombia aliviar la carga tributaria (ayuda pero no es la solución) si no se dan fórmulas que obliguen o incentiven a las grandes empresas a cambiar sus modelos de pago (que en algunos casos llegan hasta los 120 días), pues esas empresas que han invertido en la prestación del bien o servicio con sus costos operativos, junto con el pago de impuestos antes de recibir el desembolso, están viéndose obligadas a buscar recursos poco ortodoxos para evadir el cumplimiento de esa excesiva y poco coherente carga tributaria.

Por eso, la reflexión es que antes de copiar modelos para mostrar resultados, nos hagamos una radiografía que nos permitirá implementar las soluciones que den paso al fortalecimiento del empresariado en Colombia y, con esto, lograr resolver la lucha de la formalización versus la evasión.