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¿El tiempo muerto de la Justicia?

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Guillermo Cáez Gómez Socio en Cáez Muñoz Mejía Abogados

Han pasado más de dos meses desde que el Gobierno Nacional tuvo que tomar la dura decisión de mantenernos en cuarentena permanente. Con esta decisión se produjeron las lógicas consecuencias del cierre de las sedes judiciales del país y la suspensión de términos, que en la práctica nos deja sin administración de Justicia por un tiempo muy prolongado.

Como saben, soy abogado de profesión y litigante por pasión. Paso una buena parte de mi vida en juzgados, tribunales y arbitrajes, práctica que se ha visto en parte truncada por las medidas reseñadas con anterioridad. En estos tiempos muchos abogados, incluyéndome, hemos propuesto diferentes soluciones para retomar actividades de la Justicia, entendiendo la importancia que tiene: para un sector de los abogados, como fuente de ingreso; para la ciudadanía, para la que ejerce la función de resolver los conflictos; y para el Estado, por la forma en que reactiva este servicio esencial, en el que seguro se aprovechó este tiempo en el que no hubo actividades para ajustar los cambios necesarios para actualizar el sistema de justicia a la normatividad existente.

Además de estas tres aristas, la Justicia es uno de los asuntos que valoran los inversionistas para llevar sus recursos a un país, pero Colombia no está bien parada en ese índice de seguridad jurídica para la resolución de controversias. Aun así, puede ser el momento de hacer unos ajustes sencillos que permitan tanto garantizar la integridad y la salud de los usuarios, funcionarios y abogados como retomar mejor y con más rito la administración de Justicia.

Sin entrar en discusión de lo atrasadas que puedan estar las normas de procedimiento en el país, es importante que este tiempo de confinamiento y cierre de juzgados se haya ocupado para lograr generar, además de protocolos de bioseguridad, las herramientas necesarias para echar a andar sin más miramientos a la administración de Justicia del país.

¿Cuáles son los objetivos en el corto plazo? Como primero se trata de garantizar que los funcionarios, usuarios y abogados puedan ejercer cada uno su función, con las medidas que permitan minimizar los contagios de la covid-19 en los diferentes escenarios judiciales, ¿cómo hacerlo? Para quienes no conocen el sistema de justicia, en su generalidad (salvo el penal que tiene reglas especiales) comparte ciertas formas de funcionamiento que, modificadas, pueden facilitar cumplir con las dos finalidades en medio de esta crisis.

Para reducir el flujo de abogados o sus dependientes judiciales, con el simple cambio del sistema informativo a un sistema de notificaciones se logra ese objetivo. La posibilidad de conectar el sistema de reparto a un buzón de correo que reciba y reparta automáticamente las demandas para su conocimiento, y la habilitación de las herramientas para la recepción de comunicaciones -o lo que llamamos los abogados litigantes “memoriales”- directamente por el juzgado (tribunal, corte, etc.) a un correo electrónico no solo cumple con el doble propósito, sino que además ayuda a simplificar los trámites.

Estas y otras propuestas más profundas las he presentado públicamente, pero parece que quienes han monopolizado en los últimos 20 o 30 años las conversaciones de la Justicia no quieren que el sistema cambie, avance y mejore, pues permanecen atornillados en discusiones obsoletas que en la era de la revolución digital parecen salidas de las cavernas. Señora ministra de Justicia: es hora de que las consultas se pluralicen, o seguirá esperando un resultado diferente haciendo lo mismo.

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