Tormenta perfecta

La situación no puede ser mejor o peor. Durante este año la cotización internacional de la onza troy de oro ha sobrepasado la barrera de los US$3.000 y en más de 16 oportunidades ha alcanzado el récord del precio histórico, llegando a una cotización máxima de US$3.454 la onza troy. Por otro lado, el incremento en la extracción ilegal de oro en Colombia alcanza cifras históricas lejos de lo que hemos sido testigos en décadas anteriores. Y no es para menos. Mientras a nivel internacional el oro sigue con tendencia al alza, se llena el tanque de combustible para la máquina de la minería ilegal a lo largo y ancho del país.

Al Gobierno Nacional le ha faltado tiempo y voluntad política para tener un programa robusto en actividades y robusto en recursos financieros para mejorar las condiciones de la Ley 2250 y tener un programa de formalización minera único en el mundo que hubiese sido capaz de ser un ejemplo planetario. En un escenario hipotético en dónde en Colombia no hubiese minería ilegal de oro, nos situaría como segundos o terceros productores o extractores en el mundo, de un mineral precioso que países como India y China día a día incrementan su demanda.

En el mismo sentido, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de definir como alfiles de su política del cambio en entidades muy estratégicas para el sector minero, a profesionales que sin el menor sonrojo (y me imagino que con la intención de tener en cuenta a las personas y comunidades más desfavorecidas, desprotegidas y olvidadas) dejan de lado el relacionamiento natural y básico con los principales mineros del país, que tienen como vínculo con el Estado un contrato de concesión minera representado en nada más ni nada menos que en un Título Minero. Profesionales que en lugar de dinamizar las funciones para las que fueron nombrados, entorpecen las solicitudes y mecanismos definidos en la Ley y la normatividad nacional, generando con esto que procesos de formalización minera de estas empresas se vean fracasados por el activismo y freno a la actividad minera formal, originando de manera indirecta el incremento de la minería informal a lo largo y ancho del país.

Un ejemplo claro, es una empresa que históricamente extrae oro de manera legal en el Bajo Cauca antioqueño, hace cinco años en su título minero evidenciaban 21 dragas tipo brasileras. Al día de hoy, y con los antecedentes mencionados anteriormente, llegan a la astronómica cifra de más de 100, cuya inversión mínima para ponerla en funcionamiento es de alrededor de US$2 millones. Y eso que solamente estamos trayendo a esta columna la situación del Bajo Cauca, falta el Chocó, Guainía, Cauca, Sur de Bolívar, Ayapel, Buriticá, Puerto Berrío, Valle del Cauca, Sotonorte, entre otros, nos falta información de otros lugares de Colombia, pero suponemos que no muy alejados de la situación mencionada.

Es hora que como sociedad nos pongamos serios con el tema de la explotación ilegal del oro del país. Mientras las empresas mineras con un Contrato de Concesión Minera sigan teniendo trabas y talanqueras en la institucionalidad minera y ambiental, les estamos dejando la bandeja servida a la minería ilegal, a la minería que deja pasivos ambientales que durarán décadas en recomponerse, a la minería ilegal que no paga impuestos ni regalías, que acude al trabajo infantil, a la minería ilegal que incrementa los niveles de desigualdad social. La tormenta está sucediendo y debemos esperar a que luego de esta, por fin llegue la calma.