Política minera

La pasada semana, la ciudad heroica fue escenario del Congreso Nacional de Minería, un encuentro emblemático organizado por la Asociación Colombiana de Minería que reúne al sector minero nacional e internacional para debatir sobre su presente y futuro en Colombia. Este año, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2026, gran parte de la agenda se centró en analizar las propuestas relacionadas con el desarrollo del sector minero por parte de algunos de los más de 70 aspirantes a la presidencia de la nación. Sin embargo, a pesar de la expectativa, las propuestas presentadas dejaron mucho que desear.

Lamentablemente, brillaron por su ausencia planteamientos técnicos que reflejaran un conocimiento profundo y realista sobre las necesidades estructurales del sector minero colombiano. Es fundamental recordar que la minería representa cerca de 2% del Producto Interno Bruto del país, un porcentaje modesto pero significativo para diversas regiones que dependen directa o indirectamente de esta actividad. No obstante, ningún candidato abordó con seriedad temas vitales como la exploración geológica y el mejoramiento del conocimiento del subsuelo, pilares indispensables para la sostenibilidad y crecimiento del sector. Tampoco hubo propuestas concretas sobre cómo aprovechar de manera estratégica los precios históricamente elevados del oro, que al momento de escribir esta columna superan los US$3.550 por onza troy, lo cual representa una oportunidad invaluable para fortalecer la economía minera.

Además, uno de los grandes retos que enfrenta Colombia en minería es la grave problemática de la minería ilegal -esa actividad no autorizada o sin trazabilidad que genera perjuicios sociales, económicos y ambientales. Sorprendentemente, ningún candidato planteó estrategias claras para combatir este flagelo y, más importante aún, para transformar esta realidad en procesos de formalización minera, trabajando de la mano con empresas legalmente constituidas bajo contratos y subcontratos de operación. Una política pública efectiva debería promover la inclusión, regulación y control, incentivando la legalidad y fomentando la responsabilidad ambiental en todo el sector.

Otro punto que quedó fuera del debate fue la propuesta para la creación de una ventanilla única minera y ambiental que agiliza los procesos burocráticos vinculados a la actividad minera. Este tipo de mecanismo es esencial para eliminar trabas administrativas excesivas que actualmente frenan el dinamismo del sector y, paradójicamente, alimentan la informalidad minera. Reformas en este sentido no solo beneficiarían al sector productivo, sino también al Estado, que podría controlar mejor los procesos y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Hoy más que nunca, Colombia necesita una actualización profunda de su política minera, adaptada a las demandas globales por minerales estratégicos que garantizan la transición energética y el desarrollo sostenible. Esta política debe ser flexible, aplicable según la escala de explotación y el tipo de mineral extraído, y debe garantizar una adecuada generación de valor agregado. Es imperativo que su diseño privilegie la rigurosidad técnica y no se deje llevar por discursos activistas o ideológicos sin base científica.

Afortunadamente, algunas empresas del sector minero ya comienzan a “prender motores”: están en la búsqueda de nuevos proyectos para la exploración, adquiriendo títulos para invertir y aprovechar los altos precios actuales, e incursionando en prospectos polimetálicos que pueden diversificar la matriz productiva del país. Sin embargo, para que esta alta probabilidad geológica-minera se traduzca realmente en desarrollo, se requiere un compromiso serio y profundo de todos los actores involucrados, especialmente de quienes aspiran a dirigir el país.

El reto es claro: construir un sector minero robusto, moderno, sostenible y competitivo, que aporte de manera decidida al progreso económico y social de Colombia. Para ello, las futuras administraciones deben dejar de lado los discursos populistas y centrarse en un diálogo técnico, pragmático y orientado a resultados que beneficien a la nación en su conjunto.