Más oro legal, mejor oro para todos

Nuestro país tiene algunas particularidades que las podemos agrupar en un término común, y es: macondiano. Independientemente de que debamos mejorar muchos aspectos de nuestras realidades en las regiones apartadas de las grandes capitales; independientemente de los diferentes pisos térmicos que poseemos, e igualmente de las diversidades étnicas y culturales, no hay excusas para que no pongamos en las prioridades de la discusión nacional el robo y saqueo de nuestros recursos minerales, como es el caso del oro y la plata.

Recientes informes del Ministerio de Defensa Nacional estiman que 85% del oro extraído en Colombia proviene de minería ilegal, con un impacto económico de US$8.414 millones y US$2.600 millones en exportaciones ilícitas.

La Agencia Nacional de Minería, en su Boletín estadístico informativo: Minería en cifras de febrero de 2026, con datos preliminares, determina -según el volumen de explotación de minerales asociados a pagos de regalías- la extracción para el año 2025 en 51,1 toneladas de oro y 60,4 toneladas de plata, respectivamente.

Con la información anterior, podemos inferir que, con relación a la extracción legal e ilegal de oro, estamos hablando de que en Colombia se extraen anualmente cerca de 340 toneladas de oro. O las cifras dadas por los entes públicos están erradas, o hace falta mayor rigurosidad en las metodologías para encontrar sus valores y agregados, o definitivamente estamos frente a un fenómeno que no somos capaces de solucionar.

Este dato de las 340 toneladas no es menor y resulta altamente impactante. Según diversas fuentes consultadas, para 2025 los cinco mayores productores o extractores de oro del mundo son, en su orden: China (380 toneladas), Rusia (330 toneladas), Australia (284 toneladas), Canadá (202 toneladas) y Estados Unidos (158 toneladas). Es decir, nuestro país, en el caso hipotético de que no existiera minería ilegal, sería el segundo mayor productor o extractor de oro del mundo. Pero seamos un poco más soñadores: teniendo la capacidad política y técnica de legalizar 50% del oro ilegal, esto nos dejaría con un escenario de 170 toneladas de oro; aun así, por encima de Estados Unidos, pasaríamos del segundo al quinto lugar. Asumiendo que el valor de una tonelada de oro para 2025 equivale a US$140 millones, estaríamos frente a US$40.600 millones a razón de 290 toneladas de oro ilegal, una cifra muy superior a la que estiman las entidades públicas y las autoridades de defensa.

Con estas cifras, es válido preguntar: ¿y ahora qué hacemos?, ¿le dejamos el problema al siguiente gobierno?, ¿seguimos sin hacer nada y esperamos que la dinámica del conflicto interno resuelva la situación?, ¿definimos un acuerdo aurífero para la protección de nuestros recursos minerales?

Es urgente que seamos capaces, como sociedad, de ponerle el cascabel al gato; que seamos capaces de, conjuntamente con el Estado, las ias, las empresas, los gremios, las comunidades y la academia, llegar a acuerdos francos y sinceros alrededor de la explotación legal de nuestro oro. Los impactos en lo financiero, económico y ambiental, así como en contribuciones de impuestos y regalías, educación, infraestructura y salud, y en encadenamientos productivos, serán invaluables en un escenario en el que podamos tomar esas decisiones.

Es momento de actuar con firmeza y creatividad, de la mano de las empresas legalmente constituidas que poseen títulos mineros para extraer recursos minerales en nuestro territorio, con el fin de tener más oro legal y un mejor oro para todos.