Incluidos en el futuro

Parte fundamental de la solución de un problema, además de identificarlo, es entenderlo. En América Latina uno de los grandes retos que enfrentamos concierne a la limitada inclusión financiera de los ciudadanos, una consecuencia de los altos niveles de informalidad laboral que la mayoría de los países padece y una circunstancia que afecta, y precariza aún más, las vidas de los más pobres. Esta es una realidad que logramos hacer evidente y cuantificar con data de valor a través del Índice de Inclusión Financiera de Credicorp (IIF) un documento que esperamos sirva como insumo para que se tomen decisiones para remediar la situación.

En esta línea, un primer mensaje a destacar a partir de tendencias y patrones identificados en la región es que, aunque todavía hay avances que podemos destacar, no avanzamos a la misma velocidad que hace un tiempo. Por ejemplo, de 2022 a 2023 el porcentaje de personas con un nivel de inclusión “Alcanzado” pasó de 25% a 24%. Números que, al considerar el margen de error, delatan quietud. Sí es positivo, empero, que el porcentaje de personas que están “En progreso” hacia la inclusión plena haya pasado de 36% a 41%, aunque son cifras que dan cuenta de que todavía hay trabajo por hacer.
Perú, México y Bolivia son los países estudiados con el desempeño más bajo en este terreno. Los dos últimos tienen 43% de sus ciudadanos en un nivel “Bajo” de inclusión, mientras que, en contraste, en Colombia el porcentaje es de 32%.

Como relaté al principio, la idea de este estudio, desde su primera edición, fue que sirva como una fuente de información confiable y actualizada para que se puedan desarrollar y mejorar las políticas públicas de inclusión financiera. Y en este sentido, con los datos en mano y la información para las instituciones financieras y para los líderes políticos disponible, ¿qué debemos resaltar?
Lo primero es que la conectividad es fundamental y no es negociable. Las billeteras móviles y las aplicaciones de las entidades financieras consistentemente demuestran ser la herramienta más útil para la inclusión financiera. El salto en el número de personas que las tienen ha sido considerable del 2021 a 2023. En aquel año solo 11% las tenía, en este llegó a 31%. Frente a eso, el corolario predecible para que más gente pueda entrar al sistema financiero será que más personas elegirán vincularse con alguna entidad del sistema financiero por esa vía. Sobre todo, en zonas donde la geografía supone un obstáculo para acceder a este tipo de servicios de manera presencial. Entonces, es importante enforcarse en generar una buena cobertura digital.

Otro factor que se debe resaltar es el vínculo entre la educación y la inclusión financiera. La brecha más grande entre aquellos que están plenamente incluidos en el sistema financiero versus lo que no, se encuentra en el indicador de educación: las personas con posgrado alcanzan el máximo puntaje de inclusión de todo el índice, mientras que los que no terminan secundaria se encuentran en la zona más baja. Esto, está claro, es un desafío que deben emprender tanto el sector público como el privado, pero no solo mejorar el acceso a la educación sino también realizar esfuerzos en mejorar su calidad.
Finalmente, se debe revisar qué grupos específicos necesitan mayor atención cuando de inclusión financiera se trata. Todavía hay brechas notables en la inclusión de las mujeres, por ejemplo, al igual que en la de las personas de la tercera edad y en la de los ciudadanos que viven en zonas rurales. Definir una estrategia específica para cada grupo también es importante.

Nuestro objetivo es ayudar a pintar la cancha en la que todos estamos jugando. El siguiente paso es actuar y cada año medir cuánto hemos avanzado. Es importante que cada vez más personas estén incluidas en el futuro.