Tramitología en energías renovables

Colombia ha dado pasos significativos en la transformación de su matriz energética impulsada desde el Gobierno Nacional y que se manifestó concretamente en la subasta de contratación de largo plazo para energías con Fuentes Renovables No Convencionales para proyectos de gran escala. A esto se sumó la expedición de la resolución 030 de 2018 que dio un gran impulso a los proyectos de pequeña escala para autogeneración y venta de excedentes a la red.

En la subasta se adjudicaron contratos a nueve proyectos, seis eólicos en La Guajira y tres solares en el Valle, Córdoba y Tolima. Son 1.366 MW que tienen el compromiso de estar listos en enero de 2022. Además, la Subasta del Cargo por Confiabilidad adjudicó contratos de energía firme para proyectos de energía renovable no convencional: 259 MW solares y 500 MW eólicos, que deben estar operando en diciembre de 2022. Se espera así que para 2023 cerca de 12% de la capacidad instalada total del Sistema Interconectado Nacional sea de tecnologías renovables no convencionales.

Después de la euforia de la adjudicación y la firma de contratos se inició la etapa de obtención de permisos y licencias. Vendrá la fase de importación de equipos, construcción de obras complementarias y montaje de los proyectos.
En el caso de los proyectos eólicos en La Guajira, todos requieren consultas previas: algunos ya lo hicieron para los proyectos, pero ninguno lo ha hecho para las obras de conexión a la red. Tampoco para la obra central de interconexión a la que se conectarán varios de los proyectos, la Colectora I, a cargo del Grupo Energía Bogotá.

En condiciones normales este proceso de consulta previa es complejo por cuanto se trata de hacerlo con muchos clanes de comunidades indígenas, cada uno de ellos con necesidades y visiones posiblemente diferentes. Esa circunstancia requiere tiempos prolongados, pero también exige respuestas rápidas del Ministerio del Interior y, específicamente, de la Autoridad Nacional de Consultas Previas.

Pero la realidad hoy es otra. Primero, el covid-19 hizo que las consultas previas se suspendieran por prevención ante la numerosa asistencia que generan. Segundo los cambios en el Ministerio del Interior han hecho que todo lo relacionado con este tema esté prácticamente paralizado.

Los trámites no avanzan y los cronogramas de los proyectos se empiezan a afectar, lo cual daría al traste con una de las políticas más exitosas de la actual administración.

No se trata de evadir la obligación constitucional de realizar el proceso de participación de las comunidades que han habitado ancestralmente los territorios y que tienen todo el derecho de conocer los proyectos, sus impactos y afectaciones, así como a exigir las compensaciones que la ley les otorga. Aquí es fundamental la diligencia de las autoridades por ser un proceso complejo, especialmente cuando todo debe hacerse bajo estrictos protocolos sanitarios.

Por ello se requieren respuestas urgentes a todas las solicitudes y pasos necesarios para hacer las consultas y que se definan los protocolos de bioseguridad en los casos en que sea factible con el fin de avanzar en el proceso. Así se evitará que toda esta tramitología dé al traste el loable propósito de transformar nuestra matriz y tener energías más limpias y económicas para todos.

Desde SER Colombia hacemos un respetuoso llamado al Gobierno Nacional para que definan cuanto antes los procedimientos y protocolos para avanzar en las consultas previas y a responder los trámites que se han represado durante la pandemia y evitar así el estancamiento del país en materia energética.