Emergencia y reactivación

Los hechos sobrevinientes a los desastres naturales del mes pasado, que incluyen el terremoto y los incendios forestales en varios lugares del país, le dieron base y justificación al estado de emergencia económica, social y ecológica prescrito en el artículo 215 de la Constitución; por eso el ejecutivo implementará decretos con fuerza de ley para reparar los daños y superar las crisis en curso.

Así, con base en el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, con duración inicial de 30 días, se atenderá esta coyuntura con amplio alcance territorial al cobijar 15 departamentos afectados: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.

Esta directriz le brinda al gobierno facultades extraordinarias para expedir decretos ley orientados a acelerar la reactivación económica, la reconstrucción civil, introducir estímulos a la inversión, mejorar créditos a pequeños y medianos empresarios, dar subsidios de arriendo y flexibilizar la venta de activos estatales, entre las atribuciones previsibles.

Al respecto, llamo la atención sobre la necesidad y la oportunidad ingentes de centrar las medidas de emergencia en la reactivación, como el mecanismo idóneo de intervención para conjurar sustancialmente las crisis económica y social e impedir la extensión de sus efectos, donde la inversión público-privada es determinante, siendo preciso enfocarse en estructurar proyectos viables y pertinentes.

Sobre el tema resulta esencial considerar la política industrial como un elemento fundamental para reactivar los municipios afectados por las tragedias ambientales, que además resulta ser una prueba ácida sobre la solvencia reformista gubernamental en esta neurálgica materia, acerca de la cual parecen existir más vacíos que soluciones idóneas.
El ánimo reformador productivo luce muy sesgado a fomentar métodos no convencionales de explotación de hidrocarburos -una posibilidad que aún genera debate sobre su real conveniencia- y descuida otras áreas, arenas productivas en sectores alternativos no tradicionales que por estrategia nacional serían más lucrativos para todos, sin que estos representen respuestas milagrosas ante la catástrofe.

Me refiero a las recomendaciones de Ngaire Woods en el artículo “Las democracias deben tomarse en serio la política industrial”, donde sostiene que esta “consiste en una intervención gubernamental deliberada destinada a modificar la composición sectorial o tecnológica de la economía. Así, los gobiernos recurren a incentivos fiscales, aranceles, subsidios a la exportación e I+D, programas de formación, inversión en infraestructura y parques industriales”.

Sostiene que “el desafío al que se enfrentan los gobiernos es crear ecosistemas donde las empresas compitan enérgicamente para construir las industrias del futuro. Eso es más fácil de decir que de hacer. Exige que los políticos utilicen los aranceles, las normas de contratación pública, los requisitos de contenido local y los subsidios por las razones adecuadas: renovar la economía”.

Algo se ha dicho; los resultados se darán con la razón y con la unión que hace la fuerza. Lo aprovechado podrá capitalizarse a futuro.