Petro hipoteca el futuro

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0572 de 2025 con el supuesto propósito de mejorar el recaudo, pero lo que realmente hizo fue desconocer al Congreso, alterar las reglas tributarias por decreto y anticipar ingresos de 2026 a 2025 en un gesto desesperado de caja. No es una medida administrativa cualquiera: el Gobierno pisotea el principio de legalidad tributaria, evade el control democrático y ejecuta una reforma disfrazada, con impacto directo en los contribuyentes que sí pagan, que sí producen y que sí generan empleo formal en todo el país.

El artículo 338 de la Constitución es claro: corresponde al Congreso definir los elementos esenciales de los tributos. Pero el Gobierno modificó, vía decreto, tarifas, umbrales y condiciones de la retención en la fuente. No es un ajuste menor, sino una alteración sustancial del régimen que debía pasar por el Legislativo. Lo grave no es solo la forma: es también el fondo. La medida golpea a los sectores productivos, reduce incentivos para la inversión y amenaza la viabilidad de miles de empresas que hoy sostienen la economía nacional.

El Gobierno busca recaudar $7,3 billones este año, trasladando el cobro del impuesto a la renta correspondiente a 2026 ¿El resultado? Mayor liquidez hoy, menos margen para el próximo gobierno mañana. Pan para hoy y hambre para mañana. Una política fiscal cortoplacista que castiga al que tributa y no soluciona las causas del déficit.

Sectores como servicios, inmobiliario, construcción y agricultura han sido duramente golpeados. La autorretención del arroz pasó de 0,55% a 1,20%. Las tarifas en servicios se duplicaron o triplicaron. Para la construcción, que ya enfrenta una contracción de más de 50%, el decreto es una sentencia. Para las Pyme, que generan el grueso del empleo, es una carga adicional en un entorno ya adverso. En muchos casos, la única salida será endeudarse para cumplir.

También se redujeron los umbrales para aplicar retención. Actividades antes exentas deben cumplir nuevos requerimientos, con mayor costo operativo y trámites adicionales. Y la Dian, que no reduce la evasión ni moderniza su operación, se convierte ahora en el brazo ejecutor de una medida que castiga la formalidad y empuja a muchos hacia la informalidad.

Además, el impacto sobre la inversión futura será negativo. Al reducir la caja disponible, se frenan decisiones de expansión, contratación y nuevos proyectos. Es una política que golpea al empresario que cumple, no al que evade. Y lo hace en plena fragilidad económica, con un crecimiento bajo, inflación presionada y confianza empresarial en mínimos.

En vez de corregir con decisiones estructurales -recorte de gasto ineficiente, mejora en ejecución o inversión pública productiva- el Gobierno acude a un artilugio fiscal jurídicamente cuestionable y económicamente regresivo.

El Decreto 0572 ya fue demandado ante el Consejo de Estado. Gremios como la Andi, Camacol, Fenalco y la Cámara Colombo Americana han rechazado la medida. La cobertura mediática ha sido intensa. Porque esto no es técnica fiscal: es improvisación política con disfraz tributario. Debilidad institucional convertida en norma.

Cuando un Gobierno deja de ejecutar, deja de planear, deja de gobernar, y empieza a cobrar por adelantado, lo que realmente está haciendo es hipotecar el futuro.