Instrumentalización del dolor

El tal paro sí existe y en Cali lo sabemos con pelos y señales. 48 estaciones del sistema MIO destruidas, 19 bancos atacados, cinco sedes gubernamentales y 47 locales saqueados y 49 buses atacados (16 de ellos incinerados) dan fe de ello; sin embargo, no hay nada que nos duela más que la destrucción del tejido social que estamos evidenciando. La instrumentalización del dolor de muchos colombianos ha quedado patente, y un grupo de políticos y grupos ávidos de poder han sabido aprovecharse de ello.

El cierre de la economía por una semana, los bloqueos en vías de acceso, el desabastecimiento y la falta de liderazgo en la capital del Valle han sido claves para que el país se haya desestabilizado. El Comité del Paro, por demás, ha encontrado el coctel perfecto para ahincar sus peticiones desorbitantes. Viven en otra galaxia.

A base de medias verdades y mentiras completas han intentado vender que en el Congreso se está fraguando una reforma a cada tema social que se les viene a la cabeza: reforma tributaria, que ya no existe, reforma a la salud, que se intenta vender como si fuera la americanización de la salud en Colombia y no lo es, y las reformas pensionales y laborales, ninguna de las cuales está en curso, y ni siquiera se asoman en el horizonte de mediano plazo.

El pliego de condiciones del Comité es descabellado. Piden cosas tan ridículas con el único propósito de imposibilitar cualquier negociación. A ellos les sirve el paro; sus líderes políticos salivan de solo pensar en lo que están causando.
La tensión social está en aumento. Los vecinos de diferentes zonas de Cali han decidido tomar el toro por los cachos y lanzarse a la calle en búsqueda de reivindicar sus derechos, enfrentándose de manera pacífica a quienes abusan del derecho de protesta y cierran calles, impidiendo así el tránsito de alimentos, medicamentos y combustible en la ciudad.

La empatía que generó el desconocimiento de la tributaria se ha ido disipando conforme los anaqueles de las tiendas se parecen más a las de Caracas que a las de Cali. La ciudad está sitiada por los violentos, la administración local no tiene la fuerza ni la intención para recuperar el orden y garantizar las libertades a los caleños.

Preocupa de sobremanera la intención descarada de sitiar la ciudad; no les fue suficiente con quemar buses y estaciones del MIO, con destruir locales comerciales, saquearlos, y volver a parar nuestro aparato productivo, sino que ahora quienes tienen hambre de poder quieren condenarnos a pasar el hambre que deriva de la escasez.

El llamado es a que se abra la ciudad. La protesta tendrá un respaldo constitucional y social siempre y cuando no pase al vandalismo. El clamor social, de aquellos que salen a marchar pensando que es una forma de pedir un cambio debe ser escuchado, se deben mejorar condiciones sociales, promover educación de calidad y garantizar unos mínimos que equilibren la cancha, pero no podemos sucumbir a ese reducto de violentos, no podemos dejar que nos dobleguen aquellos que desde el dolor ajeno han creado un discurso de odio en contra de la mayoría de colombianos.