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La cuenta llegó antes que la prosperidad. Durante décadas, Colombia amplió derechos y prometió bienestar mientras la economía encargada de financiarlos crecía demasiado despacio. No hablamos de lujos: hablamos de pensiones, salud y oportunidades para nuestros hijos. Ahora, el proyecto de Ley de Rescate Económico nos enfrenta a una pregunta que ningún recorte puede responder por sí solo: ¿cómo cumplimos con quienes dependen del Estado hoy sin cerrarles el camino a quienes todavía buscan su primer empleo?
En 2025, nuestro PIB por habitante rondaba los US$8.600. En Costa Rica y Panamá rozaba los US$20.000. Son países más pequeños, con problemas propios, y el PIB por persona no es el salario de nadie. Pero la diferencia incomoda. ¿Por qué nos pasamos tanto tiempo discutiendo cómo repartir lo que tenemos y tan poco pensando en cómo multiplicarlo? No se trata de copiarlos, sino de preguntarnos por qué aceptamos nuestros ingresos como un destino inevitable.
No llegamos aquí por falta de ambición institucional. El DNP y el Conpes expresaron la aspiración de planear el desarrollo. La Constitución de 1991 amplió derechos y participación. La Ley 100 de 1993 reorganizó la seguridad social; la Ley 80 estableció nuevas reglas para contratar con el Estado. Hubo avances reales. Pero la productividad, el empleo formal y la capacidad de financiar esas conquistas no crecieron al mismo ritmo. Construimos buena parte del contrato social antes de asegurar cómo sostenerlo.
Ahora el Gobierno propone, mediante el proyecto de Ley de Rescate Económico, un ajuste del gasto cercano a un punto del PIB. Incluye reducir en 2028 un 20 % del gasto de nómina de las entidades cobijadas y recortar a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027. Corregir excesos importa. Pero reducir una quinta parte del gasto de nómina no significa rebajar en esa proporción las obligaciones del Estado. Pensiones y salud seguirán exigiendo recursos durante décadas.
Alejandro Gaviria ha advertido sobre la incoherencia de nuestro contrato social. Rousseau imaginó un pacto sustentado en obligaciones recíprocas. ¿Qué ocurre cuando lo que esperamos del Estado supera lo que estamos dispuestos -y somos capaces- de financiar? ¿Y cuando el ajuste amenaza las oportunidades necesarias para ampliar esa capacidad? Esa es la incoherencia que debemos resolver.
Marta, después de treinta años de trabajo, necesita confiar en su pensión. Su hijo, recién graduado, necesita un mercado laboral que le permita comenzar una vida. Ella representa compromisos que deben honrarse hoy. Él, oportunidades que todavía tenemos que crear. La economía que pueda ofrecerle un buen empleo dentro de diez años no pagará las obligaciones del próximo presupuesto. ¿Cómo cuidamos a Marta sin dejarle al hijo una cuenta imposible?
En el corto plazo habrá que revisar prioridades, corregir subsidios mal diseñados, discutir quién paga qué impuestos y rediseñar compromisos futuros con reglas claras, transiciones justas y respeto por los derechos adquiridos. No se trata de abandonar el contrato social, sino de evitar que sus promesas se vuelvan incumplibles. Tampoco de recortar a ciegas educación, infraestructura o capacidades públicas indispensables para crecer.
Pero el ajuste no puede convertirse en nuestro proyecto de país. Colombia debería aspirar a duplicar su ingreso real por habitante en una generación. Necesitamos inversión, empresas que crezcan, regiones conectadas, seguridad jurídica, exportaciones de mayor valor y empleos formales mejor remunerados. No hay redistribución que sustituya indefinidamente la creación de riqueza; tampoco crecimiento que garantice por sí solo que sus frutos lleguen a todos.
La inteligencia artificial añade otra urgencia: puede transformar profesiones y también las fuentes de impuestos y cotizaciones que sostienen nuestras obligaciones. ¿Estamos preparando ese contrato social para la economía que viene?
Necesitamos dos acuerdos a la vez: uno que ordene las obligaciones heredadas y otro que construya la prosperidad que nos falta. Ajustar sin crecer sería administrar mejor la escasez. Crecer sin reformar las cuentas sería prolongar una promesa frágil.
Marta no puede esperar al crecimiento de 2040. Su hijo no puede vivir del ajuste de 2027. El verdadero rescate deberá responderles a ambos.
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