Contra el crimen

En el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada, organizado por Confevip en Cartagena, participé en el panel “Recuperación del territorio y la institucionalidad”. Allí sostuve que Colombia necesita una política de seguridad que conecte presencia estatal, investigación criminal y respuesta judicial. Esa tarea exige afrontar cuatro desafíos. Sus avances deben medirse por la libertad de las comunidades y el debilitamiento de las organizaciones delincuenciales.

El primero es restablecer la autoridad en las zonas rurales y poner fin a la paz total como enfoque frente al crimen organizado. Debe recordarse que se sustituye al Estado cuando un grupo armado anda a sus anchas en el territorio. Revertir esa situación exige permanencia de la Fuerza Pública, fiscales, investigadores y servicios públicos.

El segundo desafío es articular esa política con la Fiscalía General y la Rama Judicial, respetando su independencia. La coordinación debe asegurar que las operaciones tengan sustento investigativo y que existan capacidades para procesar pruebas, proteger testigos y llevar los casos ante los jueces.

Deben fortalecerse tres ejes que impulsamos durante mi administración en la Fiscalía: itinerancia, articulación y asociación de investigaciones. El primero lleva funcionarios a los lugares donde se necesitan; el segundo reúne esfuerzos institucionales; y el tercero conecta hechos, identifica patrones y revela redes. Tramitar aisladamente homicidios, extorsiones y operaciones de lavado puede impedir que se descubra la organización que los vincula.

Cuando se captura sin una investigación sólida, los jueces pueden negar las medidas de aseguramiento y la insuficiencia probatoria puede impedir después que el ente acusador sostenga una acusación y llegue a juicio. La libertad del detenido no demuestra, por sí misma, un fracaso judicial: obliga a examinar la calidad del expediente presentado. Al presidente deben informarle qué estructura fue afectada y cuánto disminuyó su capacidad delictiva. Los allanamientos deben buscar pruebas, información valiosa y dinero. La flagrancia es necesaria, pero concentrarse en detener integrantes reemplazables deja intacto el negocio.

El tercer desafío es fortalecer la tecnología y la persecución patrimonial. En las ciudades se requieren cámaras de identificación, mantenimiento, personal capacitado y procedimientos que conviertan las imágenes en evidencia confiable, respetando la privacidad. Seguir un vehículo, relacionar episodios e individualizar responsables debe contribuir al esclarecimiento. Comprar equipos sin asegurar su aprovechamiento procesal convierte una necesidad ciudadana en una promesa costosa.

También hay que golpear las finanzas criminales. Durante mi gestión, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes por más de $30 billones. Ese patrimonio quedó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. A mi juicio, esa entidad seguramente se convirtió durante el gobierno Petro en un foco de corrupción y bandidaje. El nuevo Gobierno debe ordenar una auditoría integral para establecer qué recibió, cómo lo administró, qué ingresos produjo, dónde están los activos y recursos y quiénes deben responder por las irregularidades que se encuentren. Semejante esfuerzo contra las economías ilícitas exige transparencia de quienes custodian lo incautado.

El cuarto desafío es reformar la justicia para obtener decisiones oportunas. Debe revisarse cuáles audiencias previas al juicio pueden reducirse o concentrarse, preservando los controles indispensables y el derecho de defensa. También debe evaluarse la ampliación de las causales del principio de oportunidad y el fortalecimiento de los preacuerdos para conseguir colaboración verificable, esclarecer delitos y garantizar los derechos de las víctimas.

El crimen organizado debe perder el territorio, el dinero y la capacidad de intimidar. Esa es la medida de una política de seguridad eficaz: estructuras desmanteladas, condenas sustentadas en pruebas y patrimonios arrebatados a las mafias. Ningún colombiano debería pagar para trabajar, callar para sobrevivir o pedir permiso para circular por su propio país. El Estado tiene la obligación de acabar con ese flagelo.