sábado, 1 de agosto de 2020

Más columnas de este autor Felipe Muñoz Gómez

Las consecuencias económicas que deja la pandemia hacen que las prioridades se enmarquen en la reactivación, y una de las variables protagónicas en este proceso es la migración.

Según el Dane, el porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional con al menos un migrante aumentó de 8,8% en 2018 a 10,7% en 2019, lo que impone el reto de promover una integración socioeconómica de esta población que impacte los indicadores de reducción de pobreza.

La experiencia internacional muestra que la migración es un motor de desarrollo en los países receptores. Un mecanismo para ello es la inclusión financiera, la cual facilita la generación de ingresos con un efecto directo en la integración socioeconómica de la población migrante, impulsando su bienestar.

De acuerdo con el Microscopio Global 2019 de The Economist Intelligence Unit, Colombia ocupa el primer lugar, entre 55 países, en la medición de las políticas gubernamentales y organismos reguladores para aumentar la inclusión financiera en sus poblaciones. Resaltan la flexibilidad y ajustes regulatorios para el diseño de productos y servicios financieros simplificados y digitales acorde a las necesidades de la población.

Según el Reporte de Inclusión Financiera 2019 de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, 82,5% de la población adulta en el país tienen acceso al menos a un producto financiero, de las cuales 80% hace uso de éstos al realizar transacciones, pagos, ahorrar y financiar sus proyectos.

Esto contrasta con el porcentaje de uso de productos financieros de los migrantes provenientes de Venezuela. Según Woccu Colombia y Banca de las Oportunidades en 2019, solo 3,8% de esta población tenía acceso a servicios financieros con entidades formales colombianas. Esta situación impacta en sus oportunidades de ahorrar para iniciar un negocio, adquirir un crédito y generar estabilidad económica.

El Gobierno Nacional, en cabeza del DNP, impulsó: la bancarización de 19.000 venezolanos regulares a través del programa Ingreso Solidario, con apoyo de un operador financiero; la expedición de la Circular 82 de 2019 de la Superfinanciera que establece la validez del Permiso Especial de Permanencia (PEP) para la apertura y/o contratación de productos y servicios financieros; y, el diseño y puesta en marcha de programas de inclusión, educación financiera, emprendimiento y esquemas de garantías, con recursos de Usaid, para respaldar el riesgo asociado a la colocación de microcréditos y créditos a esta población.

Quedan importantes retos por asumir. Generación de confianza del sistema financiero hacia los migrantes; fomento del acceso y uso de productos financieros digitales; entrega de información a las entidades financieras para una adecuada gestión de riesgo; medición del comportamiento frente al uso de los productos financieros; evaluación de la calidad de los servicios financieros e impacto de estos; e impulso del emprendimiento y la empleabilidad como mecanismos de apoyo complementarios. Condiciones que favorecen también oportunidades de negocio para el sector financiero.

El Gobierno seguirá en la ruta, en particular con Banca de las Oportunidades, de la mano del sector financiero, su gremio Asobancaria y demás actores para abrir esta puerta a la integración.