Cuando se habla de integración, se habla de un marco de relaciones interestatales que gestiona intereses comunes mediante reglas y órganos que infieren el grado de compromiso que los estados asumen en procura de sus logros. Así, el sistema institucional para el proceso de integración no solo obedece al nivel de integración económica pactado, sino al consentimiento de regirse por normas que nacen de órganos intergubernamentales o supranacionales. Del debate se nutren las teorías jurídicas de la integración.
La génesis del fenómeno, fundado en el ideal europeísta de Jean Monnet, implicaba, en palabras de Mitrany, la creación de organismos encargados de gestionar cada una de las tareas que tendría el Estado, produciendo una especie de transferencia de lealtades entre el Estado-nación y los cuerpos supranacionales; dándose a la vez una “ramificación” de las tareas, es decir, se crearía la necesidad de integrar cada vez más distintas áreas.
Los neofuncionalistas, al estudiar las comunidades europeas, consideraban a la integración como un proceso gradual, e iban más allá de los funcionalistas, para quienes el éxito dependía de la incorporación y actitud de las masas frente al proceso y a la transferencia de soberanía de los estados a esos entes supranacionales.
En el otro extremo están los intergubernamentalistas liberales que como Moravcsik consideran que un régimen intergubernamental de cooperación política negociada sería exitoso. En Latinoamérica, la integración económica desde sus orígenes funciona sobre estructuras institucionales intergubernamentales, que no siempre obedecen al nivel de integración económica planeado, como el Sica en Centroamérica y Mercosur. Con características de neofuncionalismo, la Comunidad Andina se erige en un sistema más coherente, cohesionado y eficaz. Sin embargo, los tres procesos solo han concretado zonas imperfectas de libre comercio con arancel externo común, que están muy lejos de los mercados comunes pretendidos, toda vez que son ambivalentes, utilitaristas y responden a coyunturas ideologizadas que, en su momento, también explicaron la aparición del Alba y su contrapeso, la Alianza del Pacífico.
Pese a lo anterior, todos se dejan obnubilar por las cifras que suman los cuatro miembros de la Alianza, bajo el objetivo -no explicado- de una integración profunda de bienes, servicios, capital y personas, que si se tratara de la liberalización de los mismos, no sería otra cosa que un mercado común. Objetivo frustrado del Sica, Comunidad Andina, Caricom y Mercosur (pertenecen, al primero, Costa Rica, Panamá y Guatemala, y al segundo, Perú, Colombia y Chile como observador).
Se trata de una Alianza soportada en unos entendimientos que aún no ha formalizado un tratado constitutivo, pero sus miembros tienen acuerdos de libre comercio entre sí en el marco de los desprestigiados procesos citados, y donde Colombia y los aspirantes centroamericanos ven a la asociación como un trampolín al Pacífico y, en especial, a su adhesión a la Apec, mientras que México y Chile solo pactan zonas de libre comercio y acuerdos de inversión.
No es una organización interestatal y Perú, Colombia y los aspirantes centroamericanos ya deberán resolver su doble militancia en los otros bloques. Se usa el eufemismo de la integración profunda para no hablar de un TLC, no obstante, los gobiernos siguen sirviendo a la vieja retórica integracionista y al utilitarismo que no genera lealtades entre los estados.
