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Londres vs. Bruselas

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La miopía de David Cameron para enfrentar a Nigel Farage del United Kingdom Independence Party, Ukip, le ha costado un diputado más a los conservadores. Farage ha situado la inmigración y el antieuropeísmo en el centro del debate político del Reino Unido y los tories no han hecho más que enredarse en este juego. El crecimiento de los nacionalistas -principalmente- a costa de los conservadores, llevó a Cameron a prometer una reducción neta de la inmigración por debajo de las 100.000 personas para el final de su primera legislatura. Sin embargo, el total de extranjeros que llegó a trabajar al Reino Unido, menos el de británicos que se fue a trabajar al exterior, entre junio de 2013 y junio de 2014, es de 260.000 personas. Una subida interanual del 43%, la segunda desde que existen registros. Se trata de 78.000 inmigrantes más que el año anterior (48.000 europeos y 30.000 extraeuropeos) y 16.000 más que cuando Cameron llegó al poder en 2010.

Pese a que un reciente estudio de University College London reveló que los extranjeros comunitarios aportan más de lo que obtienen del Reino Unido en ayudas -su aportación neta fue de 20.000 millones de euros entre 2002 y 2011- se resisten a abrir el debate y las reacciones de Londres contra la Unión Europea no cesan. 

La ceguera de Cameron se tradujo primero en la amenaza de veto al nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, luego salió con la inadmisible petición de establecer cuotas de inmigrantes -minando el principio de libre circulación de la Unión-. Después convirtió en disputa política un ajuste técnico marginal, que obliga al Reino Unido a pagar 2.100 millones de euros extra a los presupuestos europeos. 

Adicionalmente, el Ministerio de Exteriores anunció que no participará en las operaciones de búsqueda y rescate para evitar que emigrantes y refugiados del Norte de África mueran en el Mediterráneo, pues esto anima a la gente a peligrosas travesías con la esperanza de ser rescatados. Así, no solo desconoce los esfuerzos de la operación italiana Mare Nostrum, en la que rescataron cerca de 150.000 personas en el último año y que significó nueve millones de euros mensuales, sino que olvida de plano que en este período 3.000 personas han muerto ahogadas. La insolidaria justificación de Londres arrincona la modesta alternativa europea “Tritón” (su costo no llegaría a la tercera parte del que asumió el gobierno italiano) y solo busca la protección de fronteras con patrullas en las primeras 30 millas de la costa italiana y, en principio, no incluye labores de rescate. 

Ahora, el premier británico, pretende expulsar a los inmigrantes comunitarios que no hayan conseguido empleo en un período de seis meses. Exigir más años de cotización a un trabajador comunitario para acceder a determinadas deducciones fiscales que se otorgan a los británicos supone discriminar por nacionalidad. Tampoco se puede expulsar a quien demuestra que está buscando empleo. Distinto es si el extranjero comunitario se instala en el país y solicita prestaciones sin la intención de trabajar. En ese caso, cualquier Estado de la Unión tiene derecho a denegar la ayuda tal como lo acaba de señalar el Tribunal de Justicia en una sentencia contra una ciudadana rumana residente en Alemania que pedía una renta para su hijo.

Cada país puede luchar contra los abusos aplicando sus propias reglas, sin necesidad de cuestionar el pilar básico de la libre circulación, no obstante, Cameron como otros líderes, en lugar de enfrentar y sincerar debates -por no perder adeptos- se suma al facilista discurso anti europeo que ya mencionamos en la columna del pasado 8 de noviembre.

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