Irlanda del Norte: ¿salvavidas del Reino Unido?

Casi 600 páginas suman el Acuerdo de separación de la Unión Europea (UE) con el Reino Unido (RU). Son 185 artículos, tres protocolos y varios anexos. Como lo dijimos en la columna “Divorcio doloroso”, del 7 de septiembre de 2017, los asuntos más difíciles fueron la factura que deberá asumir RU tras su salida de la UE, los relativos a derechos de los ciudadanos y el escollo de la frontera de Irlanda del Norte.

Todo se centraba en el monto de la salida, y solo después de definir este podrían centrarse en dos puntos de difícil discusión: preservar el límite exterior de la UE entre Irlanda del Norte (del RU) y la República de Irlanda, como una frontera abierta y sin controles, y discutir cómo mantener los derechos de los ciudadanos europeos en RU y el de los británicos en la UE.

El límite exterior entre las Irlandas pasó de ser un escollo del Acuerdo a ser la clave del mismo, pues permitirá al RU un acceso privilegiado al rentable y necesario mercado europeo. Un protocolo sobre Irlanda, garantizará la libre circulación de mercancías entre la República de Irlanda (miembro de la UE) e Irlanda del Norte (territorio británico) hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en que vence el período transitorio de salida. Si para entonces, no se ha logrado una solución para el RU en la libre circulación de mercancías, existe la posibilidad de una extensión que Londres deberá solicitar antes del 1° de julio de 2020.

Así, el RU se mantendrá en la Unión aduanera, no solo hasta que haya expirado el plazo transitorio -pactado en la salida- sino incluso en su extensión, si no se ha encontrado una fórmula para evitar la aparición de una frontera entre las Irlandas. Un comité conjunto, con un miembro de la Comisión Europea y un ministro británico, velará por lo pactado. En caso de controversias un panel de arbitraje independiente las dirimirá y si las disputas están relacionadas con el derecho de la Unión, el panel estará obligado a remitir una consulta al Tribunal de la UE y acatar su veredicto.

Los derechos de 3 millones de ciudadanos de la UE y más de un millón de británicos “podrán seguir sus vidas como antes en su país de residencia”, siempre que se encuentren allí antes del 29 de marzo de 2019 y para quienes lleguen en el período transitorio. El derecho de ambos a moverse sin cortapisas quedará restringido cuando se consuma el Brexit, pero el RU se comprometió a respetar los derechos de residencia, trabajo, estudio, reunificación familiar o asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos. No habrá discriminación por nacionalidad y habrá igualdad de trato en la remuneración o en las condiciones laborales.

El RU seguirá con sus aportes al presupuesto de los próximos dos años como un socio más, aportando cerca de 7.000 millones de euros anuales. Al liquidar su participación en los bancos Central y de Inversiones, se estima que el saldo será favorable a la UE en 50.000 millones de euros. Como las cuentas del ejercicio implican obligaciones para los siguientes años -el presupuesto va de 2014 a 2020-si se decide una financiación, el RU se hará cargo de los compromisos en la misma proporción en la que hoy contribuye al presupuesto, esto es el 13%. Así, seguirá siendo responsable -en el mismo porcentaje- de las pensiones y los beneficios sociales adquiridos por todos los funcionarios de la UE hasta 2020.