Analistas

Indolencia

Nada más útil para los cálculos políticos que el soberanismo. Doctrina que sirve a los intereses de muchos para preservar la “soberanía” sobre las influencias supranacionales a las que puede estar sometido un Estado. En esto se funda el crecimiento del euroescepticismo en la Unión Europea, el Brexit, la contradictoria tesis independentista catalana retando a España, pero -como si fuera posible- queriendo permanecer en la UE, y los desafíos al multilateralismo de la actual administración americana, son ejemplos de los que hemos hablado en esta columna.

Colombia tampoco es ajena a esta corriente. Unos malintencionados y otros ignorantes, se resisten a entender la naturaleza jurídica del acuerdo firmado con las Farc. Si bien no es un tratado internacional, su naturaleza especial, en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario, no admite aplazamiento, se trata de obligaciones imperativas a las que estamos obligados.

No obstante, insistimos en ver el Acuerdo como una concesión a las Farc y no como un derecho en favor de las víctimas. El punto 5 del Acuerdo, que se refiere a una justicia de transición (Jurisdicicón Especial para la Paz, JEP), pone en el centro a la víctima y se soporta en cuatro pilares: memoria histórica de las violaciones de derechos humanos que se establecerá en una comisión de la verdad, judicialización de los perpetradores de las conductas atroces (crímenes de guerra y lesa humanidad) donde la víctima determinará la suerte de este, amnistía e indultos que no contradicen el Estatuto de Roma y medidas de reparación.

Los congresistas colombianos, con su oportunismo político y en pre-campaña, no nos dejan de sorprender, aprovechándose de un gobierno y una coalición desgastada por el proceso de paz, los amigos y opositores de la JEP encuentran toda clase de estrategias para no implementarla e incluso -si se puede- abortarla. Alcanzamos un acuerdo de paz que permite sancionar a quienes cometieron delitos atroces (lesa humanidad y de guerra) y no lo implementamos por intencionada ausencia de voluntad legislativa.

Exacerbando el desprestigio bien ganado por las Farc, les importa muy poco las víctimas y la responsabilidad internacional en la que incurrirá el país. Reabre la discusión con la misma lógica de exclusión que determinó las causas de la violencia, esto es que la JEP solo someta a su jurisdicción a los guerrilleros, eventualmente a los militares -con trato diferenciado- y, por ningún motivo, a los particulares. En otras palabras, les preocupa más la suerte de los perpetradores que la de las víctimas, aunque estas lo sean por el hecho de haberles violado derechos fundamentales y no por quien fuera el perpetrador de los crímenes.

Todos olvidan que durante siete años lo que mantuvo sentada en la mesa a las Farc, como a los rebeldes de todo el mundo que negocian, era la posibilidad de pactar un acuerdo para hacer política. Este gobierno -y los que lo precedieron en más de medio siglo- no quiere que los insurrectos no vencidos sigan haciendo política con las armas.

Los candidatos de las Farc al Congreso y la Presidencia también suman a esta indolencia con las víctimas, sin que el Estatuto de Roma lo prohíba, aprovechan las dilaciones de los legisladores para implementar la JEP, mientras ponen los nombres de sus líderes a consideración de los electores.