Epistemología democrática

El principio filosófico y político denominado epistemología democrática, o igualitarismo epistemológico, sostiene que cada ciudadano -en el ámbito político- es capaz de determinar qué es verdadero o falso. Defiende que el ciudadano no está obligado a someterse a la verdad de las élites y los privilegiados.

Históricamente, la infalibilidad doctrinal otorgaba un privilegio epistemológico a figuras de poder como el Papa en la conformación de los órdenes políticos. Sin embargo, con la Reforma protestante surgió el igualitarismo epistemológico bajo la idea del “sacerdocio de todos los creyentes”, que rechazaba así el monopolio de la verdad.

Con el sufragio universal, la democracia adoptó este principio para desempoderar a las élites y liberar a la ciudadanía de la deferencia ciega hacia las autoridades. Cinco siglos después, el principio enfrenta dos amenazas: el populismo y la autocomplacencia.

El rechazo al monopolio de la verdad es instrumentalizado por los populistas de cualquier orilla. Atacar el conocimiento científico, las universidades y las instituciones bajo el argumento de rechazar a las élites liberales dio sus réditos a los que impulsaron el Brexit y el fenómeno Maga. Por otro lado, la autocomplacencia y la desinformación tienden a convertirse en una forma de justificar la propia ignorancia. En la era digital y de la IA, el principio se ve expuesto a la manipulación masiva mediante contenidos engañosos que distorsionan el debate público.

Entre las reflexiones abordadas en la presentación del Anuario Internacional Cidob 2027 destacan las intervenciones de Erica Benner, filósofa política y profesora en la Hertie School y la London School of Economics, y Michael Ignatieff, historiador, escritor, profesor y expolítico, quienes recomendaron cinco acciones para revitalizar el principio y liberarlo de su instrumentalización.

La primera, y urgente, es reconciliar la epistemología con la autoridad del conocimiento. La ciencia y la academia no se oponen a la democracia; al contrario, son imprescindibles para la buena gestión pública. Esa autoridad no se impone por decreto, sino que debe ganarse y revalidarse a través de los hechos demostrados, las soluciones aportadas y la revisión rigurosa entre pares.

En segundo lugar, hay que reconocer la legitimidad de la experiencia vivida. Los juicios de los ciudadanos se basan en su experiencia cotidiana, que incluye su felicidad, sus dificultades económicas y sus relaciones de confianza. Las emociones y vivencias de los votantes deben tratarse como hechos legítimos por considerar y atender, no como simples errores que las élites tengan que corregir.

Tercero, es necesario que la ciudadanía ejerza un escepticismo lúcido y reflexivo para proteger la soberanía de su juicio frente a la demagogia, la manipulación algorítmica y los sofismas tecnológicos. Se requiere un escepticismo ciudadano activo y constante.

Cuarto, resulta imprescindible establecer salvaguardas legales frente a la IA, controlar el financiamiento político y regular las grandes plataformas digitales; de lo contrario, garantizar conversaciones democráticas con información auténtica será imposible. Por último, la virtud de la democracia no es la infalibilidad, sino la capacidad de rectificar equivocaciones, rendir cuentas y expulsar a los gobernantes corruptos o ineficaces; se trata de verla como una eficiente “máquina de corrección de errores”.