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Analistas 29/01/2025

Lo intentaremos diferente

Edwin Palma Egea
Analista
Edwin Palma

Hace tres meses que llegué al Caribe para asumir uno de los cargos más complejos que se pueda tener hoy en día en Colombia. Fui nombrado agente especial de Air-e intervenida, la empresa distribuidora comercializadora (y generadora) de energía eléctrica en tres departamentos: Atlántico, Magdalena y Guajira. Y el caso de esta empresa ha estado en los primeros lugares de la agenda pública.

Hay muchos diagnósticos sobre los problemas de la electricidad en el Caribe. Unos concluyen que la causa principal son los graves índices de pobreza monetaria que se traducen en altos niveles de subnormalidad de buena parte de las ciudades y poblados de la región, fraudes sistemáticos al sistema y cultura de no pago. Yo añadiría además que en el caso de Air-e, se ha roto el pacto social que debe existir entre toda empresa de servicios PÚBLICOS y su razón de ser, LOS USUARIOS.

Recientemente el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la ciudad de Barranquilla, justo el día siguiente de la caída en el Congreso de la República de la ley de financiamiento - que buscaba saldar la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3 - dijo textualmente que en esta tarea de intervención de la compañía, “podíamos fracasar”, pero esperaba que el componente de transición energética y la intervención en el mercado de generación y comercialización de energía - que sin duda tiene prácticas especulativas y oligopólicas - funcionara y así cumplir su promesa de reducir tarifas y mejorar el servicio.

Cumplir la promesa y no fracasar depende de todos los actores del sistema, tenemos que buscar caminos nuevos, proponerlos y llevarlos al debate público. En el problema de la energía - pero ante todo en el de la pobreza - la clase política y la dirigencia regional ha tenido gran responsabilidad.

Además, algunos de los mandatarios locales y regionales no parecen muy comprometidos con dar ejemplo pagando sus multimillonarias deudas de energía, haciendo una correcta estratificación en sus territorios y ciudades, contribuyendo a perseguir el robo del fluido eléctrico o acompañando los proyectos de normalización eléctrica. Por el momento, solo le exigen al Gobierno el pago de los subsidios, pero no cumplen sus obligaciones.

A los usuarios le podremos exigir que cumplan sus deberes cuando el Estado y quienes controlan el poder económico y político respeten sus derechos y también cumplamos nuestro deber, sobre todo, el de prestar oportunamente el servicio, atenderles debidamente y ejecutemos ambiciosos programas de responsabilidad social empresarial.

Esto requiere que los trabajadores y trabajadoras de la compañía estén comprometidos con las metas de corto y largo plazo, algo que solo se logra con trabajo decente, en lo que hemos avanzado en este período.

Ahora que la Superintendencia de Servicios Públicos ha decidido que la empresa entra en administración con fines de liquidación -que no implica que se vaya a liquidar como ha ocurrido en casos similares- tenemos la tarea de construir la “solución empresarial” para lo que invitaré a todos los actores a construirla, incluyendo expertos, sector público, privado, Gobierno Nacional y clase política regional y nacional, porque si hay un error en cómo se ha abordado este problema, es pensar que este asunto solo es lío de la región y no del país. La solución requiere, entre otras cosas, recursos que solo pueden provenir de la cooperación de todo el país.

Si este problema fuera tan solo un asunto técnico, hoy no existiera. Ya decenas de ingenieros y expertos han estado al frente y el problema persiste. Este es un problema social, económico y cultural que requiere construcción de acuerdos y una fuerte sociedad civil que vigile que los compromisos se cumplan.

Requiere un pacto social para garantizar el derecho humano a la energía, que permita la movilidad social ascendente de la ciudadanía y el desarrollo productivo regional. Requiere entender que los usuarios deben ser vistos y tratados no solo como clientes sino también como socios y como ciudadanía que puede convertirse - como ya está ocurriendo - en productores y vendedores de energía.

Si volvemos a aplicar las mismas recetas sin duda fracasaremos de nuevo y el Caribe no lo soportaría. Lo intentaremos diferente.

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