El recién expedido Decreto 0226 de 20 de febrero, a través del cual, se crea la Comisión Intersectorial de Orientación y Apoyo al Financiamiento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es otro golpe a la autonomía territorial de nuestras regiones.
Tal decreto no resuelve la problemática de fondo que generó el fallo de La Corte de La Haya de noviembre pasado, por el contrario, re-centraliza el poder del Gobierno Nacional al no permitir que las autoridades isleñas tengan voto decisorio sobre las políticas que se impartan en el marco de estas nuevas reglas de juego que afectan directamente a sus gobernados.
Estos actos del gobierno central contradicen lo establecido en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y demás normas jurídicas que regulan los procesos de descentralización y planeación participativa, de igual manera, vulnera los principios constitucionales de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
Parece una acción improvisada y desesperada la del Gobierno Nacional que, además, vulnera los derechos de las autoridades locales lo que conduce a que la comunidad isleña se sienta maltratada y excluida, por lo cual, demanda soluciones de fondo con justa causa, una política integral de atención a sus dificultades muy especialmente a la de la población raizal con todos sus valores culturales y tradicionales.
Todo esto confirma, una vez más, la tendencia re-centralista de los gobiernos de la última década, en asuntos como la política social y, recientemente, con los recursos de regalías.
La población en general de San Andrés, en su sabiduría natural, han expresado su deseo de constituir un Estado Autónomo y Asociado a la República de Colombia ¿Qué connotación jurídica constituiría esta nueva condición planteada? Es la siguiente:
La Convención sobre el Derecho del Mar en su parte cuarta aborda los Estados Archipelágicos, y los separa, conceptualmente, del archipiélago.
En el caso que nos ocupa, en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la convención parece que estuviera haciendo una descripción actual del archipiélago, por tal razón, debería permitirse la creación del Estado Autónomo Asociado a la República de Colombia del Archipiélago de San Andrés.
Para ello, primero habría que trazar las líneas de base archipelágicas que unirían los puntos extremos de las islas, cayos, bancos y bajos que constituyen dicho archipiélago, lo que llevaría a la creación jurídica de las aguas archipelágicas que quedarían encerradas dentro de ese trazado.
Lo anterior, determinaría su propia anchura de mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y además delimitaría la plataforma continental que le correspondería como Estado libremente asociado.
En otras palabras, con la soberanía de este Estado Archipelágico se recuperarían totalmente los derechos territoriales y marítimos de San Andrés, no solamente sobre las aguas perdidas en el litigio sino sobre su espacio aéreo, su lecho y su subsuelo.
Ante esta hipotética realidad, no se podría discutir sobre su composición geográfica o imponérsele la manera en que debe manejar su medio ambiente natural como lo expresa reiteradamente el gobierno central al no entender que San Andrés tiene una entidad geográfica, económica y política intrínseca que en forma respetuosa se adhirió a la Constitución de Cúcuta en 1821.
Apoyemos la reivindicación de los raizales, mostremos al gobierno central su so error ante el litigio de la Corte de La Haya y evidenciemos sus constantes respuestas a través de decretos paliativos que no solucionan el problema, más por el contrario pueden generar ‘un nuevo florero de Llorente’.
