El Gobierno tramita ante el Congreso de la República una reforma tributaria que debe ser analizada de forma exhaustiva para verificar si cumple o no con los criterios de una tributación equitativa, responsable y garante del crecimiento económico del país.
El primer criterio sometido a nuestro estudio es la definición del tamaño y la organización territorial del Estado como marco geográfico para dar cumplimiento con todas las obligaciones constitucionales que garanticen un servicio eficaz y eficiente para el ciudadano. Esta reforma no lo contempla.
La redistribución del ingreso y la disminución de la pobreza es otro de los objetivos fundamentales que toda reforma estructural debe emprender. Veamos como está en esta materia.
Por lo poco que se ha conocido del proyecto, el impuesto a la renta de las empresas bajaría de 33% a 25% y prevalecería el criterio de que los ricos ‘pagarán menos impuestos’.
Las 89 empresas más grandes del país solamente aportan el 4% de los ingresos al sistema tributario nacional. El 90% de la nueva tributación será de 50% a través del IVA y aranceles y el otro 50% aportado por las personas naturales y empresas pequeñas.
El impuesto a la herencia bajaría de 33% a 10%, los impuestos ocasionales descenderían del 30% al 10%, “porque casi nadie lo paga”. Desaparecerían los parafiscales para fomentar el empleo. Lo cual nunca se ha probado.
Todas estas noticias indican que el criterio de equidad no se va a cumplir. Los ricos quedarían pagando menos impuestos y la carga tributaria la asumiría la clase asalariada, lo que va en contra vía ‘del que más tiene más paga’.
Las empresas, en general, dejarían de pagar $8 billones y para cubrir este faltante se impondrían $4 billones en nuevos tributos.
Se adicionarán gravámenes al impuesto Iman (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), el impuesto al consumo con énfasis a las tarifas de IVA. Todos son gravámenes que afectan a los más bajos ingresos.
Lo que dejarían de pagar las empresas sería cubierto por las rentas de trabajo de los profesores, técnicos, profesionales e independientes. Las empresas pagarán un nuevo impuesto por las utilidades (Cree).
Otro de los criterios es recomponer la carga impositiva y mejorar el sistema de recaudo, pero con lo evidenciado hasta el momento, habría un sesgo que golpearía a la gente de ingresos medio y bajos.
No se justificaría tanto desgaste si no va haber mayores ingresos. Se anuncia una reforma tributaria “neutra”.
Una herramienta para utilizar debe ser la Presión Tributaria que en Colombia es de solo 14%. Este índice refleja el recaudo de impuestos en el PIB Nacional.
Colombia es de los países con menos tributación con respecto al PIB: en Brasil es 35%, en América Latina es 17% y en Estados Unidos 40%.
A pesar del quinquenio virtuoso (2003-2008) en el que hubo un crecimiento importante del PIB en América Latina que, en promedio, alcanzó 6% no tanto por políticas internas visionarias sino por la coyuntura económica China que pide a manos llenas productos no renovables, casi todos los países de la región aprovecharon esa bonanza para corregir el déficit fiscal de sus gobiernos. El único que no lo hizo fue Colombia.
Por el contrario, se dedicó a dar más gabelas y deducciones, más rentas exclusivas a los empresarios que distorsionaron el sistema impositivo. Según el Banco Mundial se bajaron los niveles de tributación 4% del PIB, es decir, se disminuyeron los ingresos del Estado en $24 billones anuales.
Existe el sofisma de que en Colombia se paga el impuesto a la renta más alto: 33%, y por ello se requiere bajarlo. En realidad, hay que hacer una comparación como nos las enseñaban en el colegio: peras con peras y manzanas con manzanas.
Las tarifas reales distan de las tarifas nominales al deducirle todas las gabelas. Horacio Ayala en un estudio dijo que la tarifa real del impuesto a la renta en Colombia era de 9%.
De todas maneras, el proceso que se ha seguido sirve para revisar la aplicación de los criterios de la Constitución. Una reforma tributaria debe ser: progresiva, redistributiva y eficiente y la que se esta tramitando no cumple con esos requerimientos, pero el Gobierno Nacional insiste, contra viento y marea, en su aprobación muy a pesar de que represente un verdadero abuso contra la clase trabajadora de este país.
