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La reciente jornada de socialización sobre la Ley de Competencias y los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, en Barranquilla me dejó una certeza electrizante: la descentralización en Colombia pasó de ser una aspiración administrativa para convertirse en una obligación histórica. No hay otro camino para que el centralismo pague su deuda con las regiones.
Recordar el espíritu que tuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 es entender la magnitud de un despojo: el anhelo era una distribución equitativa de recursos entre la Nación (el centro) y los territorios; la ecuación debía ser 50%-50%. Finalmente, nos quedamos con el compromiso de alcanzar 47 % para las regiones. Sin embargo, las reformas constitucionales de 2001 y 2007 desvirtuaron este pacto, al llevar el traspaso a un lamentable 22%.
El subdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, Dafp, Jesús Amado Abril, nos puso la cifra en la cara: $580 billones fueron desviados en detrimento de las regiones. Esta cantidad astronómica no es una estadística fría; es el costo del atraso, el motor de la desigualdad y la causa profunda del debacle socioeconómico en los territorios.
El año pasado, el Gobierno nacional avanzó positivamente en la modificación de las transferencias al SGP que pasarán, de manera gradual en 12 años, de ese 22% o 23% a 39,5%. Aun así, el camino a la autonomía territorial debe continuar.
Este centralismo excesivo ha creado un concepto que, en mi opinión, es la radiografía de la injusticia: el “País Centro Andino”, acuñado por el exdirector de la Misión de Descentralización y asesor del Ministerio de Hacienda, Darío Restrepo. El centro del país concentra el PIB, la inversión, el aparato estatal y, lo más grave, el ecosistema completo de la educación, lo que perpetúa una situación: tienen más universidades, más investigaciones y más profesionales disponibles. Mi análisis es tajante: mientras el aparato estatal resida mayoritariamente en el centro, las regiones estarán supeditadas a las decisiones que se tomen desde allá ¡Esto es inadmisible!
La misión fundamental es, por lo tanto, cerrar brechas a través de la materialización de políticas públicas por parte del Estado; sin embargo, los gobiernos desvían ese foco de atención en la guerra y la lucha contra las bandas criminales, hecho que debilita la fuerza institucional. La paz solo será sostenible si se construye desde la equidad regional.
Para lograr la autonomía, debemos estar dispuestos a enfrentar una transformación sísmica. Édgar González Salas, asesor del Dafp, habló de tres “terremotos”:
Terremoto institucional para cumplir con los derroteros autonómicos de la Constitución (artículos 306 y 307) y la coincidencia de los periodos políticos (Gobierno Nacional y gobiernos subnacionales) para articular mejor los planes de desarrollo.
Terremoto del mismo Estado: adelgazar el Estado central para aumentar la inversión en las regiones es la fórmula para desarticular la burocracia nacional.
Terremoto de desarrollo de las capacidades territoriales es fundamental. El camino es el desarrollo evolutivo: entregar más competencias a las regiones para forzar la adquisición de más capacidades operativas.
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