El alarmante desajuste ocupacional de los técnicos y profesionales

Tres de cada cinco colombianos con algún título de educación superior ocupan cargos que no corresponden a su área de conocimiento. El desajuste laboral de los técnicos y tecnólogos es 71%, el de los universitarios de pregrado es 54% y el de los postuniversitarios, 41%. El desajuste laboral es un fenómeno masivo que afecta en magnitudes semejantes a trabajadores de todas las edades, tanto hombres como mujeres, y que ocurre con similar intensidad entre trabajadores formales e informales, en ciudades grandes y pequeñas y en todos los sectores productivos.

Las tasas de desajuste se diferencian en forma apreciable entre áreas de conocimiento. Por ejemplo, están desajustados menos de 20% de quienes tienen títulos en Medicina o Derecho, mientras que son más de 70% los desajustados en áreas tales como Economía, Desarrollo y análisis de software y Enfermería.

Más de la mitad de los desajustados podrían encontrar empleos adecuados en otras ocupaciones, si fueran reubicados. Pero, aun así, quedarían excesos de oferta en muchas áreas de conocimiento que, sumados, serían del orden de 2 millones de personas, lo que equivale a 32% de los ocupados que tienen títulos de educación superior. Solo habría importantes faltantes de egresados en unas pocas áreas, como Derecho, Educación y capacitación, y Mercadeo y publicidad.

Los profesionales que están en una ocupación que no corresponde con su formación ganan menos que sus colegas. La brecha depende mucho del área de conocimiento, ya que algunas formaciones son más versátiles que otras. Por ejemplo, el economista desajustado ocupacionalmente gana 10% menos que sus colegas, mientras que el abogado gana 27% menos y el médico 50% menos que sus pares bien ubicados. Los profesionales de las áreas de conocimiento con mayores desajustes tienen mayores riesgos de ser informales o desempleados. Por supuesto, todos estos perjuicios afectan más a quienes tienen títulos de instituciones educativas de bajo nivel académico, que pululan en todas las ciudades medianas y grandes.

Las consecuencias del desajuste ocupacional son muy dañinas para las familias, para el sistema educativo y para el país como un todo. Es iluso conformarse con la idea de que algunas personas muy exitosas no se formaron en su campo de ocupación. Esas excepciones pueden llenar de orgullo a los afortunados, pero no deberían servir de excusa para ignorar un problema tan masivo, que afecta tan gravemente a tanta gente.

La responsabilidad más inmediata recae en el Ministerio de Educación. El Ministerio podría clausurar programas de estudios técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios, de instituciones educativas públicas o privadas, que carezcan de pertinencia social y económica o que hayan incumplido las condiciones de calidad (Decreto 1330 de 2019). ¿Se ha evaluado la eficacia de esta norma y de las exigencias que impone a las instituciones terciarias (como tener “programas de egresados” con seguimiento estadístico del desempeño laboral)?

Los programas técnico-profesionales o tecnológicos que ofrece el Sena también requieren del registro calificado y del seguimiento de empleo de sus graduados a través del Observatorio Laboral (OLE). ¿Ha evaluado el Sena estos programas y reenfocado su oferta para concentrarse en los de mayor impacto desde el punto de vista laboral? ¿El Ministerio de Educación ha utilizado sus potestades para no renovar programas técnicos o tecnológicos del Sena por falta de pertinencia?

Para mejorar la pertinencia de los programas técnicos ofrecidos por instituciones privadas, entre 2001 y 2005 estuvo vigente la iniciativa Jóvenes en Acción, con la modalidad de contratación por resultados (en 2012 se convirtió en un esquema tradicional de transferencias monetarias directas a estudiantes de universidades públicas y del Sena). En la versión original de Jóvenes en Acción, el pago a la institución estaba condicionado a que los estudiantes completaran su fase teórica y consiguieran de forma efectiva una práctica laboral formal o un empleo en una empresa. Este programa, que benefició a cerca de 80.000 personas, demostró ser muy efectivo, según la rigurosa evaluación de impacto a la que fue sometido. ¿No debería restablecerse en su versión original, que ya está probada?

Los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano o de formación por competencias cortas no se rigen por el Ministerio de Educación Nacional. Su inspección y vigilancia dependen de las Secretarías de Educación de cada alcaldía o gobernación local. ¿Se ha evaluado la pertinencia de estos programas y su impacto en la empleabilidad? ¿Qué ciudades están haciendo buen uso de estos programas y qué enseñanzas se derivan?

Corregir cuanto antes el desajuste ocupacional de los técnicos y profesionales debería ser uno de los grandes objetivos de la política educativa del nuevo gobierno.