Mirando al Cauca y pensando en La Habana

Colombia tiene una población indígena de 1.378.884 personas, según el censo del Dane de 2005; constituyen 3,3% del total de la población y tienen titulada casi la tercera parte del territorio nacional. Imposible negar que por más de quinientos años, los que habitaban estas tierras, antes de la llegada de la espada y de la cruz, han sufrido el exterminio, la persecución, la expoliación y la discriminación, hasta ser reducidos a una minoría que lucha con valor y sacrificio por el reconocimiento de sus derechos fundamentales, comenzando por el derecho a la vida. 

Internacionalmente, se ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas. La Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el Convenio 169 de la OIT, reconocen su unidad, su cultura, sus creencias propias y valores ancestrales únicos, que los distinguen como pueblos autónomos con derecho a darse su propia gobernanza y a regir sus destinos.

En ese orden de ideas, ha sido arduo el camino de reconocimiento de los gobiernos Latinoamericanos, que se debaten entre la autonomía de los pueblos y la soberanía de los estados que ven amenazada por el deseo de los pueblos indígenas de organizarse, de acuerdo con sus valores, generando los mecanismos institucionales y legales que les permitan alcanzar la autogestión en lo político, en lo administrativo y en lo jurisdiccional. Aquí surge la controversia y los temores de quienes temen que la autonomía raye en soberanía, poniendo en riesgo el Estado que abriga los pueblos indígenas. Hay sectores radicales que aspiran al reordenamiento del orden territorial que garantice la plenitud del ejercicio de esos derechos.

 En Colombia la Constitución del 91 creó las Entidades Territoriales Indígenas,  como el ente jurídico y político que les permitiría ejercer el gobierno pleno de sus territorios. Desafortunadamente el desconocimiento y el oportunismo político ha permitido que en temas tan importantes, que tocan la espina dorsal de nuestra organización social, se improvise, en los últimos gobiernos, cuyos presidentes y ministros se han limitado a legislar, mediante los llamados acuerdos de carretera, entregando a girones pedazos de territorio y tajadas de presupuesto para conjurar las protestas o para cancelar deudas electorales.

Lo que sucede en el Cauca es producto de esa improvisación y de la irresponsabilidad con que se maneja el Estado. Desde los escritorios de la capital se juega con las regiones y se sigue incubando un problema de grandes proporciones que emerge periódicamente y que seguirá, in crescendo, hasta cuando estalle violentamente como ya ocurrió en Perú.

El decreto 1953 del 2014, firmado por Santos y sus ministros, al calor de unos vasos de chicha, para cumplir promesas electorales, otorga autonomía, casi total, a las comunidades indígenas,  elimina, en la práctica, la jurisdicción de alcaldes y gobernadores y fortalece la creación de una jurisdicción especial. No se si leyeron, antes de firmar, pero la ligereza de los gobernantes, en esta materia, sigue alimentando las tensiones de comunidades indígenas, afros y campesinas que tienen aspiraciones similares, particularmente en el tema de tenencia de la tierra.

 Solamente la juiciosa formulación de un plan de reordenamiento institucional y jurídico, de orden constitucional, que involucre a todos los actores sociales, podría  recomponer el galimatías generado por la firma de pactos, para apagar incendios, en la carretera Panamericana.  

Los sucesos del Cauca deben servir para que quienes negocian en La Habana tengan claro que, en aras del Nobel de Paz, no se puede arriesgar la integridad nacional creando ínsulas o manteniendo las que, por incapacidad del Estado, se han generado por décadas. La oportunidad es única para hacer la paz y fortalecer la unidad nacional, siempre y cuando prime la sensatez y desaparezca la prisa que, en asuntos de Estado, produce pésimos resultados.