La danza de los billones

Difícil entender la posición del Gobierno frente a la coyuntura actual en el orden político y económico. El presidente Santos nos ha acostumbrado al pragmatismo del jugador que espera los ases mientras caña con par jotas. Desafortunadamente, la realidad de la economía es bien diferente por los signos preocupantes, frente a los que se nota el afán de tapar el sol con la mano, aplazando las decisiones de fondo y, peor aún, haciendo una serie de anuncios con la idea censurable de que el que venga atrás que arree.

En el orden político el meridiano pasa por la Habana y, más temprano que tarde, los colombianos, incluidos los candidatos a la presidencia, tendrán que clarificar su posición o abandonar su impostada indiferencia. 

En el orden económico la situación es mucho más compleja y reclama mayor pragmatismo. Que el postconflicto valga noventa billones, según el Congreso, o cincuenta y cuatro, según la Dirección Nacional de Planeación, indica que la eventual firma de un acuerdo conlleva compromisos que el Gobierno garantiza y se compromete a financiar, como textualmente se dice en los documentos firmados. 

La actual situación fiscal del país, los recortes en el presupuesto nacional, así como la eventual caída de los precios del petróleo, que parece no tocan fondo, nos llevan a pensar que la situación, a partir del próximo año, será mucho más angustiosa. Lo grave es que en el Gobierno hay una pelea casada por la chequera de los gastos y muy poca preocupación por el talonario de las consignaciones.

En el XII Congreso Nacional de Infraestructura, que se reunió en Cartagena, se habló de todo menos de falta de recursos. El candidato - Vicepresidente, que sigue fungiendo como dueño de la chequera, presentó el Plan Maestro de transporte intermodal por la módica suma de $200 billones. El director del DNP, Simón Gaviria, también sacó su chequera para anunciar un “modesto” plan de inversión, en las carreteras secundarias, por cuarenta y $8 billones. 

Pero hay más. Es escandaloso el monto de las vigencias futuras comprometidas por este Gobierno, con la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). Esas vigencias, por ser excepcionales, debían consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal, lo que es altamente improbable, en atención a las innumerables incógnitas que hay sobre la disponibilidad de recursos para los próximos años. 

La Contraloría General de la República reconoce dificultades para la contabilización de este recurso extraordinario, que se volvió de ordinario uso, y establece su cuantía, hasta el año 2040, en $109,8 billones. 

De otra parte, el endeudamiento externo, según el Banco de la Republica, ha crecido por obvias razones, 14,5% a junio del presente año. 

A lo anterior, hay que sumar erogaciones anunciadas o ineludibles, de corto y mediano plazo, como las que tienen que ver con la financiación de la salud, cuyo aplazamiento es insostenible, sin olvidar los recursos para la financiación del plan para conjurar el apagón por valor de $3,3 billones, de los cuales, el Gobierno y los usuarios debemos pagar $1,1 billones, y el resto, el sector térmico que, dicho sea de paso, no da explicaciones satisfactorias sobre el uso dado al cargo por confiabilidad, como tampoco lo hace la Cregg, que simplemente elude el debate con circunloquios tecnicistas, y al anunciar nuevos controles, en las subastas energéticas para la asignación de esos recursos, reconoce, tácitamente, deficiencias en su manejo.

Paralelamente, otro candidato, el Minagricultura, para no quedar rezagado, anuncia “Colombia Siembra”, con una muy modesta cifra de $1,6 billones que, en esta danza de chequeras billonarias, no creo le alcance ni para vicepresidente.

Hasta aquí todo es color de rosa. Lo que no se ha medido es el impacto político de los cheques sin fondos de la campaña presidencial que arrancó, y del saldo en rojo contra el que se gira en la Habana.