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Desconcierto, es el término que podría aplicarse a la actual situación del país. En el orden económico, nadie entiende el optimismo de algunos sectores, incluido el gubernamental que emite partes de victoria, sobre el futuro, ignorando el presente. El crecimiento económico que bordeará el 3,2% se presenta como resultado de una política, que no existe, y no se quieren reconocer las debilidades de un modelo incapaz de responder a los trastornos internacionales.
La minibonanza petrolera que mantiene por encima de los setenta dólares la referencia Brent del barril, obedece a la política de la Opep de mantener a raya la oferta mundial y a las decisiones del Gobierno americano de aumentar su producción y sancionar a Irán. No hay entonces razones para creer que nuestra economía entró, como alegremente se pensó en el pasado, en el exclusivo club de los petroleros, pues esa equivocación nos ha costado la ralentización de la economía al incrementar nuestras importaciones en detrimento de la industria nacional y de la producción agrícola. Hoy siguen creciendo las importaciones y el déficit de nuestra balanza comercial, precisamente cuando, contrario a lo que tradicionalmente ocurre, el dólar está disparado, pese al alto precio del petróleo.
No hay explicaciones satisfactorias para el crecimiento del desempleo que, según el Dane, fue de 10,8% en marzo, frente al 9,4% del mismo mes en 2018 y de 11.8% en el primer trimestre del presente año. A lo anterior se suma la pesadilla de la informalidad que el mismo Dane calculó en 48,2%, a enero de este año, y que la OIT afirma es superior al 60%.
Pero hay más. La pobreza monetaria pasó del 26,9% en el 2017 al 27% en el 2018 y el índice de Gini se incrementó de 0,51 en 2017 a 0,52 en 2018, lo que pone al descubierto la irracionalidad de un sistema que, lejos de avanzar hacia la equidad, sigue ampliando la brecha social, pues mientras el ingreso per cápita de los más pobres bajó 0,9%, el de la población más adinerada creció 3,3% y el 34,7% de los hogares colombianos no pueden satisfacer sus gastos mínimos.
Hay un desorden institucional que no se quiere reconocer. No basta controlar la inflación mediante la contracción monetaria, ni se puede reducir la política económica a los manejos del Banco de la República. Falta inversión para recuperar la producción industrial y agrícola con miras a la exportación a fin de conjurar el déficit de la balanza comercial para no depender exclusivamente de la minería, que no genera empleo. Se impone una revisión del modelo con una política fiscal progresiva para producir empleo de calidad e impulsar la demanda interna, pues está comprobado que los estímulos tributarios no tuvieron efectos positivos. Son inaplazables reformas estructurales en la salud y en las pensiones para tapar venas rotas y generar recursos de inversión que no provengan del crédito cuyo margen de maniobra se agota.
El Gobierno predica pero no aplica. Hace declaraciones razonables pero pierde el control a la hora de las determinaciones. Los ministros no han dado la talla y la gobernabilidad está a la baja porque el Presidente no decide liberarse de sus mentores. El espectáculo grotesco en el Congreso de la República perjudica más al Gobierno que al mismo Congreso. Si la política se impone sobre la economía, los resultados no serán los mejores y la insatisfacción social irá in crescendo. Venezuela, la JEP y la demolición del proceso de paz, no son las prioridades de la agenda.
