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Cruzada anticorrupción

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En medio del acalorado debate presidencial, pasa a hurtadillas la feria pestilente de la compraventa de votos de quienes aspiran al Congreso de la República, que se constituye en la génesis de la crisis ética y moral de la administración de los recursos públicos.

Para nadie es un secreto que los elevados costos de las campañas políticas, con contadas excepciones, se financian con recursos aportados por un círculo de contratistas que se enriquecen, sin pudor, a la vista de todo el mundo, haciendo cuantiosas inversiones que luego recuperan, con creces, mediante la adjudicación de contratos, en un carrusel como el de Bogotá donde, afortunadamente, “los compadres” terminaron en la cárcel, al delatarse mutuamente por “reparticiones inadecuadas”.

Espanta que una sociedad, supuestamente pensante, como la nuestra, inclinó la cerviz y se humilló frente a los Midas de la contratación que se volvieron los asesores de cabecera y los porta maletines de los candidatos al Congreso, corrompiendo los procesos electorales y poniendo las condiciones en ese remolino perverso que degradó el ejercicio de la actividad política, hasta convertirla en una pirámide de intereses económicos, donde lo que importa son los rendimientos de la inversión. Eso todo el mundo lo conoce. Mis colegas ingenieros saben perfectamente que este sistema adquirió patente de corso y que solo había dos caminos: o se montaban en el siniestro carrusel, o cambiaban de oficio. Colapsó la moral y la dignidad en el ejercicio de nuestra profesión y comenzaron a colapsar las obras de ingeniería.

En otro sector de la sociedad y gracias a la Ley 100, aparecieron los “empresarios” de la salud que, de la noche a la mañana, se llenaron los bolsillos y entraron a emular con los contratistas de obras civiles en el suministro de recursos a las campañas políticas, con el dinero sustraído, mediante toda clase de artimañas: contratos de atención y prevención, suministro de medicamentos no incluidos en el POS a precios exorbitantes, sobrefacturación, tratamientos, procedimientos, servicios de laboratorio, etc.

No hubo renglón de la salud, con excepción de la atención de urgencias, que quedó a cargo de los hospitales, por su escasa rentabilidad, que no se utilizara para saquear el sistema, castigando a los sectores más pobres y vulnerables de la población, en un acto bochornoso que clama justicia. Ni la alimentación de los niños de salvó del infame asalto a los recursos del erario.

Podríamos seguir haciendo el triste y doloroso recuento del manejo que se ha dado a los recursos públicos y de la forma como los políticos siguen cínicamente en el saqueo, sin mostrar la más mínima señal de arrepentimiento y de enmienda; y como nada de esto sucederá, corresponde a los sectores ajenos a estos procesos y a los nuevos actores sociales y políticos, no contaminados, destapar la olla podrida, y establecer la sanción social en un país que no puede seguir indiferente frente al crimen.

De cara al posconflicto, la actual clase política no tiene autoridad moral para enfrentar el debate ni tiene la cordura de adelantar las reformas que el país reclama. Dudo mucho que el Congreso elegido en este aquelarre, responda a las necesidades y a las expectativas que tenemos los ciudadanos de a pie, abrumados y cuasi arrinconados frente a esa avalancha pestilente.

La economía se ralentiza y no reacciona. Todo indica que para aclimatar la paz y recuperar la confianza, no bastan las buenas intenciones. Hay que derrotar a los corruptos.

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