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Contribuyentes al límite

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Difícil entender o aceptar los criterios de nuestros gobernantes cuando de trazar políticas públicas en el campo fiscal se trata. El diagnóstico en materia tributaria está totalmente claro. Sería prudente que nuestro acucioso MinHacienda leyera las recomendaciones de la Comisión de expertos, para la reforma de 2016, que siguen vigentes pues la mayoría se desatendieron. Esa reforma pretendía ser estructural para corregir las enormes deficiencias de un sistema tributario regresivo que genera inequidades verticales y horizontales sin aportar nada a mejorar la distribución del ingreso. La Comisión propuso además que la reforma de 2016 saneara las finanzas públicas proporcionando a la Dian los instrumentos para combatir con eficacia la evasión.

Muy poco de lo recomendado por la Comisión se logró, pero la insinuación de disminuir la tributación de las grandes empresas para aumentar su competitividad y estimular la generación de empleo, se cumplió casi cabalmente, olvidando que esa reducción de aportes debía compensarse gravando a las personas, especialmente, a las que reciben jugosos dividendos, que no pagan impuestos o los pagan en menor cuantía, pues mantienen privilegios que les permiten evadir obligaciones tributarias trasladando gastos personales a sus empresas.

Las empresas no pagan el impuesto a la riqueza. Según el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, por este concepto se ahorran $1,8 billones y por la sobretasa del impuesto de renta que bajó dos puntos, dejan de pagar $2 billones y su aporte seguirá bajando cuando llegue a 33% el año próximo. En cuanto al IVA, les aprobaron exenciones en bienes de capital y mantienen privilegios a través de las zonas francas que, como lo sabe la Dian, se han utilizado para evadir el pago de tributos.

Es claro que el mayor aporte tributario lo hacen las grandes empresas, sin embargo debe quedar claro también que los mayores ingresos de la economía lo tienen ellas, sin que su aporte sea proporcional al que hacen los individuos, pues hay prácticas conocidas para eludir el pago de impuestos, como la de crear empresas en Panamá para la fuga de activos. Eso todo el mundo lo sabe y el mismo Ortega afirma que es imposible subir a términos reales la tributación de los dueños de las empresas por la amenaza de sacar sus capitales; amenaza poco convincente, pues los paraísos fiscales cada día son menos y cualquier país medianamente desarrollado cobra impuestos mucho más altos que Colombia.

El impacto de la reforma anterior fue considerable en el bolsillo del asalariado y de los sectores de menores ingresos que perdieron capacidad de compra, de ahorro y de crédito. Los electrodomésticos, la ropa, el calzado, los tiquetes, los artículos de aseo fueron gravados con 19% de IVA. La economía se resintió y apenas ahora se recupera lentamente.

En este escenario que estaba totalmente previsto, llega la segunda era Carrasquilla a mantener el mismo esquema que parece agotado. Gravar lo que queda de la canasta familiar por fuera de IVA es otro golpe a un sector que ya está llegando al límite. La taza tiende a rebosarse pues la elusión, la evasión y los privilegios parece que no quisieran tocarse. Nadie volvió hablar del impuesto a las bebidas azucaradas, derrotado por presiones indebidas al Congreso, y es un tabú la actualización del catastro rural. En ese orden de ideas, preocupa el impacto social de una reforma tributaria que castiga a los de siempre y preocupa que este Gobierno no parece dispuesto a corregir el rumbo.

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