Por poco perdemos la democracia y el camino al desarrollo

Puede parecer una afirmación fuerte, pero esta aproximación se deriva de un análisis empírico sobre los datos de desarrollo económico de los últimos 60 años, medidos en más de 180 países y con más de 1.600 indicadores disponibles en el World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial.

En este análisis, uno de los factores críticos asociados al desarrollo es el respeto por las instituciones y el cumplimiento de la ley. Cuando estos factores se debilitan, se deterioran los incentivos para que las personas y las empresas inviertan, se incrementan los incentivos a la migración y se limita la formación de capacidades empresariales, la innovación y la acumulación productiva. En esas condiciones, el desarrollo no logra consolidarse.

El actual gobierno ha sido una muestra delicada de los efectos del debilitamiento institucional. La formación bruta de capital cayó a niveles históricamente bajos. Las amenazas de intervención en precios y regulación del sistema eléctrico afectaron la confianza inversionista y dejaron al país expuesto a riesgos energéticos y financieros. La intervención de Air-e incrementó la preocupación sobre la estabilidad del suministro en el norte del Caribe.

La intervención del sistema de salud agravó los desequilibrios financieros asociados a la UPC y dejó bajo alta incertidumbre a EPS que tienen a su cargo la atención de millones de colombianos. A esto se suma la parálisis de sectores como minería, hidrocarburos, agro y construcción, afectada por decisiones regulatorias, ambientales y territoriales percibidas como arbitrarias.

Otro indicador relevante para el desarrollo, según el análisis de datos, es la lucha contra la corrupción. En los países donde el control de la corrupción es bajo suelen observarse menores niveles de crecimiento, mayores inequidades y una relación más distorsionada entre el Estado y la sociedad. La corrupción tiende a prosperar en entornos con exceso de discrecionalidad regulatoria, alta carga tributaria mal administrada, estructuras asistencialistas y prevalencia de esquemas cerrados de inversión pública frente a mecanismos abiertos y competitivos de inversión.

En este frente, el gobierno ha dejado un balance profundamente preocupante. A los múltiples escándalos de corrupción se suma el nombramiento de personas cuestionadas por malos manejos o vinculadas a procesos judiciales o disciplinarios en ministerios y cargos de alta responsabilidad. Sería recomendable contar con una comisión independiente, incluso de alcance internacional, que produzca un libro blanco sobre la corrupción durante este cuatrienio.

Desde la campaña presidencial de Gustavo Petro -hoy sancionada y cuestionada por presuntas irregularidades en su financiación- hasta los PetroVideos, los Pactos de La Picota y las recientes revelaciones sobre contactos o acuerdos con estructuras criminales como el Clan del Golfo, que se suman a los acercamientos conocidos con el ELN y las disidencias de las Farc, se configura un panorama de grave deterioro democrático. A esto deben añadirse el uso de emergencias económicas, el decreto del salario mínimo y la expansión de la contratación estatal en contextos electorales.

El primer reto del nuevo gobierno será recuperar la confianza en las instituciones y reactivar una lucha creíble contra la corrupción. Esto solo será verificable si quienes incumplieron la ley enfrentan consecuencias judiciales y si se promueven reformas que fortalezcan la independencia de los poderes públicos, los órganos de control, la transparencia electoral y los mecanismos de rendición de cuentas.