La falla de la justicia

Estamos en un momento delicado. El Gobierno ha decidido usar de manera arbitraria sus atribuciones legales para abusar de ellas y capturar la democracia. El aumento ilegal, a sabiendas, del salario mínimo y el abuso de la figura de Emergencia Económica para recaudar recursos y aplicarlos con libertad de contratación en época electoral muestran la fragilidad del sistema democrático y de sus instituciones cuando se decide actuar por fuera de la ley.

Cuando la justicia llega tarde, la democracia queda expuesta. No se resguarda únicamente en las urnas: se preserva haciendo valer las instituciones por quien tiene que ser su garante, la justicia, y esta está fallando.

Se depende de que existan jueces y fiscales capaces de investigar con oportunidad, separar a los poderosos del manejo del Estado cuando hay indicios graves y ofrecer decisiones en tiempos razonables. La justicia colombiana le ha fallado a la protección de la democracia frente a varios escándalos del entorno del gobierno de Gustavo Petro. No porque ya exista condena contra todos los involucrados, sino porque la lentitud, los aplazamientos y las vacilaciones institucionales han permitido que la sospecha de captura del poder siga produciendo efectos políticos mientras los procesos apenas avanzan.

Petro ganó la Presidencia con 11.291.986 votos frente a 10.604.337 de Rodolfo Hernández, una diferencia de 687.649 votos, apenas 3% del total. Un margen irrisorio que nunca debió coexistir con la sanción administrativa a la campaña presidencial por violación de topes y financiación irregular, cuyas investigaciones no han avanzado en la Fiscalía General de la Nación. Triste consuelo sería decir en el futuro que el peor gobierno de la historia llegó al poder robándose las elecciones.

Es una vergüenza para el país que permanezcan en el Gobierno ministros, gerentes y embajadores con procesos judiciales que no avanzan. Es impresentable que en el Ministerio del Interior haya un funcionario con al menos siete procesos en curso, uno de ellos por delitos electorales. El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) representa la imagen más clara de ese deterioro, con ministros, directivos, asesores presidenciales y congresistas en la cárcel. La dimensión del expediente sugiere algo más profundo que hechos aislados: muestra cómo recursos públicos habrían sido utilizados, según la investigación, para alterar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso mediante favores contractuales y compra de apoyos políticos. A ello se suma un patrón de dilación que debilita la confianza pública en la Fiscalía. Se produjeron traslados y cambios en áreas sensibles mientras varios procesos de alto perfil avanzaban “a paso lento”.

Por eso, afirmar que la justicia le falló a la democracia no equivale a desconocer la presunción de inocencia. Significa advertir que una democracia puede deteriorarse antes de que lleguen las sentencias, cuando los órganos de control no actúan con la velocidad y firmeza que la coyuntura exige.

Si la presunta corrupción toca el corazón del Ejecutivo y del Congreso y, aun así, los procesos se congelan, se aplazan o se resuelven demasiado tarde, la democracia no queda protegida por el derecho: queda expuesta a la impunidad política.

Sin que la justicia actúe, se consolida el abuso institucional de las facultades de la Presidencia y una flagrante participación en política. Esto configura una estrategia evidente de captura de la democracia. ¿Pueden robarse las elecciones ante nuestras narices sin que las instituciones la protejan?