Diagnóstico equivocado, tratamiento letal

Nada más peligroso que un diagnóstico equivocado, puede conducir a un tratamiento que seguramente generará más problemas. Peor aún es cuando quieren convencerle a uno de que el paciente está muy enfermo cuando al contrario tiene unos buenos indicadores de vitalidad.

El sistema de salud colombiano tiene excelentes indicadores. Como a todos, un buen tratamiento de acondicionamiento es importante, pero es para mejorarlo, no para destruirlo. Tratan de decirnos que tenemos un sistema en crisis, que no funciona argumentando los malos datos de las muertes maternas. No es así. Este indicador se redujo drásticamente en la última década, pasó de 70 muertes por cien mil habitantes a 46 en 2019. En la pandemia en todos los países este indicador creció drásticamente al igual que en Colombia. Esta causa de muerto no figura dentro de las primeras 30 en el país. Este indicador está concentrado en comunidades indígenas y en zonas apartadas. Compararnos con la Ocde es por lo tanto más perversidad que sensatez.

Tratan de convencernos que el sistema de aseguramiento está fallido porque un grupo de EPS no cumplen los requisitos de habilitación. Estas EPS son fundamentalmente del régimen subsidiado. Pertenecen a las administraciones locales, como Savia de Antioquia y Medellín; y Capital Salud de Bogotá; o son mutuales, como Asmet en el Cauca, o de origen cooperativo o sociales como Ecoopsos, Emssanar o SOS y otras más. Las mencionadas, entre otras son las que aparecen en el “Informe de Evaluación de Cumplimiento de Indicadores de la Superintendencia” de marzo de 2022 como las que deberán ser liquidadas o intervenidas. En el Informe de Afiliación del Sispro, a julio aparecen 49,9 millones de afiliados y las EPS señaladas tienen 7,9 millones. Solo 15,8% de los afiliados. Este problema simplemente desaparecerá cuando a sus afiliados los trasladen a buenas EPS, que es el trámite normal que la Superintendencia deberá realizar.

De las EPS liquidadas quedarán sus deudas impagas que nuevamente tendrán que ser asumidas como perdidas por los hospitales, también en su mayoría públicos y que son con quienes están por ley obligadas estas EPS del subsidiado a contratar. Esta obligación se ha traducido en tarifas altas y sobreprecios derivados de redes de corrupción. Es decir, la “llamada gran falla del sistema de salud” está concentrada en la parte de gestión pública del sistema y tratan de utilizar el argumento para decirnos que todo el sistema debe ser público.

Pretenden también generar una crisis restringiendo la financiación de la Unidad de Pago por Capitación. Esta es la unidad de estructura actuarial con la que se opera el sistema. Es un diseño integral de gestión del riesgo en salud. Quitarle recursos es reducir la posibilidad de atender la totalidad del paquete. Solo que quienes terminarán sin ser atendidos serán los enfermos con triajes de menor urgencia, como los pacientes de cáncer. Esto quiere decir que la medida del Ministerio de no asignar los recursos requeridos en el “Cálculo Anual de Prima Pura” de la UPC se traducirá en más muertos de cáncer por carencia de recursos para atención oportuna. Este fenómeno está documentado en decenas de investigaciones epidemiológicas a nivel mundial.

Corregir, mejorar y mantener en marcha un sistema de salud no es compatible con tratar de generar una crisis artificial. El equipo del ministerio ya no está en campaña, está gobernando y deben cumplir la ley y los procedimientos institucionales. La reforma al sistema de salud se tramitará en el Congreso y allí cuentan los análisis y la ponderación de riesgos reales de intervenciones que generan saltos al vacío. La salud puede ser la perdición del Pacto Histórico y en vez de pensar en gobernar ocho o 12 años terminarán tratando a gatas de terminar estos cuatro.