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En abril de 1980, en una histórica entrevista concedida al periodista Germán Castro Caycedo en medio de la toma de la Embajada de la República Dominicana, Jaime Bateman Cayón, máximo comandante del M-19, inmortalizó la premisa: “...para el pueblo la revolución es una gran fiesta... Es sentir por primera vez su poder”. Con esa frase, la izquierda insurgente buscaba desmarcarse del dogma rígido para prometer un proyecto político impulsado por la alegría, la equidad y la renovación ética del país. Decenios después, el gobierno de Gustavo Petro -heredero directo de ese imaginario político- prometió encarnar esa ansiada fiesta popular. Sin embargo, en el ejercicio del poder, la promesa del “cambio” degeneró en una verdadera “orgía” de corrupción, despilfarro, mal gobierno y favoritismo personal.
El desastre ético del proyecto progresista se hizo evidente tras una seguidilla de escándalos institucionales y denuncias que salpican al entorno más íntimo de la Casa de Nariño. Lo que inició bajo banderas de mérito y transparencia derivó en un entramado donde la cercanía personal con el presidente primó sobre la capacidad técnica, y en cambio el gobierno se convirtió en una red corrupta de contratación, abuso de poder y tráfico de favores sexuales. Luego de los escándalos de Nicolás Petro, de la Ungrd y varios más, uno de los episodios más reveladores involucra a figuras como Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Juliana Guerrero, quien pasó de ser una joven activista de campaña a ser postulada en altos cargos como el viceministerio de las Juventudes y delegada presidencial en consejos universitarios, resultó envuelta en graves investigaciones de la Fiscalía por presunto fraude procesal y falsedad en documento público debido a irregularidades con sus títulos académicos. Investigaciones periodísticas destaparon chats y testimonios que revelaron cómo las hermanas habrían liderado supuestamente un entramado dedicado al cobro de millonarias coimas a empresarios para gestionar contratos en ministerios clave como el del Interior y Vivienda.
A este escenario se suman las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, antigua mano derecha del presidente en Palacio y posteriormente nombrada en el Fondo de Adaptación. Rodríguez denunció públicamente la existencia de un círculo cuestionable de mujeres jóvenes e influenciadoras sin la debida trayectoria, con acceso directo al “despacho” presidencial, que presuntamente manejaban partidas presupuestales a su antojo. Rodríguez reveló la presencia de redes de espionaje, extorsiones e intrigas dentro del gabinete, salpicando a altos funcionarios de entidades como la Ungrd y el Dapre.
Las críticas sobre el abuso del poder e inconductas personales alcanzaron incluso al ámbito internacional a través de misivas públicas de excolaboradores de alto nivel, como el excanciller Álvaro Leyva, quien aludió a escandalosos episodios de desenfreno y “orgías de poder” durante visitas oficiales.
El contraste es desgarrador para los millones de colombianos que creyeron en el mandato del “cambio”. La fiesta revolucionaria que Bateman concibió como la dignificación del pueblo se convirtió en favores personales, escándalos de coimas y redes de clientelismo. La épica del discurso progresista quedó ahogada en la vulgaridad de la corrupción tradicional. Repugna esa izquierda de escándalos y tragedias sociales en Cuba, Nicaragua, Brasil, España y el Chile de Boric.
