Bancarrota del sistema de salud

Los estados financieros de las EPS en el primer semestre, contenidos en el archivo FT001-Jul-2025 de la Superintendencia de Salud muestran la absoluta debacle en que este Gobierno sumió al sistema de salud colombiano. El patrimonio negativo de las entidades, sin incluir Nueva EPS que no reporta estados financieros, es de $12,3 billones y los pasivos de $30,3 billones. Las pérdidas acumuladas en el semestre son de $13,1 billones. Simplemente, las EPS vistas en conjunto, están liquidadas.

El problema mayor no está allí. Está en los estados financieros de las IPS. Estas deben tener unos activos en cuentas por cobrar por esos $30 billones de pasivos de las EPS que no tienen cómo hacer efectivos con entidades que están quebradas. La bancarrota de las EPS arrastra a las IPS. Para la atención de la población, el problema está en el estado de resultados. Los $13,1 billones de pérdidas en el primer semestre indican que las IPS tuvieron que prestar atenciones que no tendrán respaldo de pago por esa cuantía. Estas están reaccionando, suspendiendo servicios de manera masiva a las EPS en mayores problemas.

Todo esto sin considerar los resultados de Nueva EPS que tiene más de 11 millones de afiliados, 26% de la población. La Contraloría en un informe de esta semana señaló que las cuentas por pagar de la entidad son de $21,4 billones. El total del pasivo con las IPS es entonces de $51,7 billones. Con un pago proyectado de $81,1 billones por UPC en este año, esto representa un acumulado de 7,7 meses de cartera.

Dos acciones de este Gobierno han sido fatales. La primera es el cálculo arbitrario de la UPC. La Corte Constitucional intervino tardíamente, desde mayo del año anterior contó con un estudio de expertos que lo demostraba y solo en noviembre preparó un fallo en su sala de seguimiento a la sentencia T760. Este solo se hizo efectivo por demoras del magistrado Vladimir Fernández en enero de este año. De allí se pasó al incumplimiento del Ministro de Salud que se ha burlado descaradamente de la Corte. Los expertos estiman que el faltante de la UPC es de al menos $16 billones.

La segunda acción fatal del Gobierno ha sido la intervención de las EPS y del sistema de salud del magisterio. Todo ha sido un desastre administrativo y una feria de corrupción. ¿Cuántos billones de pesos se han robado y malgastado? En el magisterio se pasó de un costo (ya excesivo) de $2,4 billones en 2023 a uno de $4,85 billones en 2025.

Irónicamente y para mayor afrenta y vergüenza del Gobierno, dos EPS son viables y continúan atendiendo bien a sus afiliados. Lograron que sus redes de atención se ajustaran a la disponibilidad presupuestal de una UPC insuficiente y con el sacrificio de los salarios de sus empleados y de los precios de sus proveedores, sortearon la mayor crisis de la historia.

Para el nuevo Gobierno hay un mecanismo de salvamento. Pagar el ajuste de la UPC de manera retroactiva con bonos de deuda de largo plazo a las EPS y que se giren en forma directa a las IPS. Esto salvaría un grupo suficiente de EPS desde las cuales se puede reconstruir el sistema. Eso si el decreto 858 no acaba de destruir lo que queda.