Analistas

¡Cárcel a creadores de cuentas falsas!

Aquel que cree cuentas anónimas y falsas en las redes sociales para injuriar, calumniar o vulnerar la intimidad personal o familiar de otra persona, irá a prisión de 1 a 2 años y pagará una multa de hasta 100 salarios mínimos, es decir, más de $73 millones.
Así consta, palabras más, palabras menos, en el proyecto de ley 224 de 2017 presentado hace unos meses por la representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, y el cual se volvió a radicar en esta legislatura.
“Aquí hay que combatir el terrorismo en todos los escenarios”, señaló la parlamentaria el lunes en una entrevista concedida a Blu Radio.
Si bien la intención de la Representante es buena, ya que las redes sociales no pueden seguir siendo unas ruedas sueltas desbocadas, el proyecto en sí ignora un aspecto fundamental: que ni Twitter ni Facebook entregan información sobre sus usuarios, salvo en casos excepcionales, como cuando hay de por medio pornografía infantil, asesinatos o incitación a acciones terroristas.
De pasar la ley, para que fuese eficaz, tanto Twitter como Facebook, así como las otras redes sociales, se tendrían que comprometer a entregarle a la Justicia colombiana los correos electrónicos, números celulares y direcciones de IP de los creadores de las cuentas falsas denunciadas. Y esto no va a suceder, nunca. Por otro lado, estas empresas tendrían que destinar equipos exclusivos para atender las miles de peticiones que llegarían de Colombia. Cosa que tampoco va a pasar. De hacerlo, tendrían que replicar el modelo en casi todos los países donde operan.
Cada día se publican más de 500 millones de trinos. Calculemos que Colombia genera unos 3 millones diarios, de los cuales, supongamos, 1.000 son de cuentas falsas que podrían clasificarse como injuriosos, calumniantes o vulnerables de la intimidad personal o familiar. En Facebook, las cifras son infinitamente mayores.
Asumamos que Twitter y Facebook se comprometiesen a entregar los datos de los creadores de las cuentas falsas que hacen daño. En ese caso, los equipos jurídicos de ambas compañías se sentarían a debatir y comprobar si hay injuria, calumnia o vulneración en los trinos antes de entregar cualquier información a las autoridades.
Este solo proceso podría demorar meses y representaría un desgaste colosal para una industria que está en estado constante de evolución, y cuyas inversiones son en mejoras del producto y no en mecanismos para satisfacer las caprichosas exigencias de los senadores y gobiernos de turno.
Desde luego que hay que combatir las cuentas falsas, las noticias falsas, a las personas que solo entran a redes con el propósito de hacer daño, pero no de la manera que lo plantea la representante del Centro Democrático. Los gigantes de redes nunca van a revelar los datos de sus usuarios. Ello iría en contravía de su defensa del anonimato y la libertad de expresión. Un giro en contra de esa política tan arraigada podría costarles el perder decenas de millones de usuarios.
Preocupa, sin embargo, que este proyecto haga carrera y se convierta en ley. Sin la ayuda de las empresas de redes, es casi imposible determinar a los creadores de las cuentas falsas. Corremos el riesgo, pues, que de una manera arbitraria, vengativa e irresponsable, muchos inocentes terminen en la cárcel por los caprichos del gobierno de turno.