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Mientras leía con detenimiento el más reciente estudio sobre la incidencia del consumo de cigarrillos ilegales en Colombia durante 2021 realizado por la firma Invamer para la Federación Nacional de Departamentos, me encontré con un dato cuya relevancia no podría pasar por alto: por primera vez, en los últimos cinco años, la tendencia del crecimiento de ese mercado se detuvo.
Los resultados de la encuesta, que tuvo como muestra a 3.908 fumadores en los 32 departamentos y el Distrito Capital, arrojan incluso una reducción de un punto porcentual en la cantidad de cigarrillos ilegales en el mercado y de dos puntos porcentuales del número de consumidores.
Comprendo bien que, acostumbrados como estamos a registrar los efectos adversos del contrabando y sus fenómenos asociados, las cifras podrían parecer pequeñas, pero de ninguna manera son insignificantes. Estamos hablando de un hito en la historia de la lucha contra este flagelo porque es también la primera vez en los tres últimos años que la tendencia al crecimiento no sólo se frena, sino que comienza a marcar una línea de declive. Lo anterior teniendo en cuenta que, de continuar con la tendencia de los años anteriores, el consumo ilegal de cigarrillos podría haber aumentado entre 3% y 5%, significando pérdidas de $149.000 millones.
Y si hubiéramos seguido la tendencia (aumentos entre 3%-5%) podríamos haber llegado a un comercio de cigarrillos ilegales de 37% que corresponde a más de $847.000 millones- o sea casi $91.000 millones más de lo que se calculó se perdió.
¿A qué podemos atribuir ese avance? Entre las múltiples variables que inciden en un análisis sobre el tema, hay por lo menos dos elementos de peso. Durante 2021, por primera vez, se dio un despliegue sin precedentes de los grupos operativos que combaten el problema, 33 de las 33 entidades territoriales contaron con equipos de trabajo en las calles. Segundo, y de forma simultánea, se vio fortalecida la articulación de esfuerzos que realizan la Federación Nacional de Departamentos (FND) con aliados estratégicos fundamentales, como la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, la Armada Nacional y especialmente la Fiscalía General de la Nación que materializó la necesidad de contar con una fiscal delegada para los delitos fiscales y acabar con la impunidad del delito de contrabando y sus conexos.
En blanco sobre negro, la incidencia de la ilegalidad se ubicó al cierre de 2021 en 33%. El consumo global de cigarrillos aumentó en más de 2% y puso en evidencia su pequeño pero significativo traslado hacia productos legales.
Ahora bien, aún estamos lejos de cantar victoria. El mercado del cigarrillo ilegal sigue impactando con fuerza y en forma lesiva el recaudo tributario de los departamentos, que durante el año pasado dejaron de percibir casi $751.000 millones. En detalle, los perjuicios sufridos por Antioquia, el departamento más afectado -por ser el mayor consumidor-, superó los $185.000 millones, seguido en su orden por Magdalena, con una cifra ligeramente superior a los $54.000 millones, Atlántico, con más de $32.000 millones; y Córdoba, con cerca de $28.000 millones.
El estudio identifica unas tendencias que habrán de ser de interés para el fortalecimiento de políticas públicas en materia fiscal, de salud pública y de otros sectores con especial impacto social. Si bien frente a 2021 se advierte una disminución de 6% en el consumo ilegal de la población rural, sigue participando con 52% del total de la incidencia. Llama la atención el hecho de que el grupo de edades con mayor consumo de productos ilegales está entre los 55 a los 64 años, atribuimos este resultado a que se trata de un hábito transformado en costumbre arraigada en los individuos.
Por otro lado, pese a que los mayores consumidores de cigarrillo ilegal se concentran en estratos 1 y 2, son estos el único nivel socioeconómico que según el estudio traslada su consumo hacia productos legales. Vale la pena estudiar sí esa variación es una consecuencia de las campañas de educación y cultura adelantadas por la fnd y sus agremiados. Este comportamiento, haría pensar que no siempre el consumo de cigarrillos ilegales responde al precio, incluso con una diferencia promedio de $4.349,47 entre legal e ilegal.
A nivel regional, el estudio realizado divide el país en seis zonas territoriales, de las cuales dos disminuyen su participación en el consumo ilegal (la 3, constituida por Chocó y Antioquia y la 6, conformada por los Santanderes y Arauca). Sin embargo, la última tiene una participación de 48% en la ilegalidad de cigarrillos, superada únicamente por la zona Caribe, con 68% y muy por encima de la media nacional.
Justo es destacar que entre los departamentos que lograron disminuir la cantidad de cigarrillos ilegales se destacan, en primer lugar, Meta, con una disminución contundente que pasa de 35% a 13%; Antioquia (pasa de 47% a 34%), Sucre (pasa de 77% a 70%), y Atlántico (que baja de 56% a 47%).
Los principales países de origen de los cigarrillos ilegales son Uruguay, China (con un importante aumento de 2,5%) y Corea del Sur, con marcas como Rumba, Carnival, Ultima, Marshal y Marble.
Por lo pronto, queda claro que los avances y la consolidación del Programa Anticontrabando se evidencian en estos resultados. Hoy, la importancia de promover la cultura de la legalidad y el defender los recursos para la inversión social representan una bocanada de esperanza.
