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Por estos días avanzan, con inmejorables auspicios, los trabajos de la Misión de Descentralización establecida legalmente con el propósito fundamental de proponer un modelo político, administrativo y financiero que afiance la autonomía en un país de regiones como el nuestro.
Después de 30 años (la última Misión data ya de 1991), este equipo ampliamente representativo en su conformación se ha impuesto metas ambiciosas. La principal de ellas es la reorganización de competencias entre la Nación y la región. Con un sentido estratégico digno del mejor de los ajedrecistas, la Misión le apuesta a reacomodar el tablero del desarrollo regional a partir del reconocimiento claro de las capacidades y asimetrías que se advierten entre las entidades territoriales.
No se trata, ni mucho menos, de formulaciones teóricas. La Misión se ocupará, por ejemplo, de revisar a fondo el engranaje del actual Sistema General de Participaciones (SGP). Lo hará con la intención de que sea posible corregir las fallas estructurales generadas por el viejo modelo centro-periferia en cuanto la distribución de competencias y la asignación de recursos.
Cuando lo logre, podremos superar una realidad histórica cuyos efectos inconvenientes se traducen en que cerca de 96% de los recursos del SGP destinados a la educación se vayan en gastos de funcionamiento y que apenas 4$ estén disponibles para invertir en calidad, cobertura e innovación.
Cómo bien lo ha planteado en varios escenarios en los que ha participado la Federación Nacional de Departamentos, el nuevo modelo que será fruto de una construcción colectiva nos permitirá aspirar a que en el futuro próximo el SGP pueda ser aumentado en beneficio de departamentos hasta en 35% de los ingresos corrientes de la Nación.
Para impulsar las reformas necesarias el nuevo Congreso de la República contará, entre otros insumos, con análisis macroeconómicos y fiscales que están siendo elaborados a instancias de una serie de Mesas Técnicas convocadas por la FND denominadas “Las regiones proponen”, las que también esperamos sienten unas bases sólidas para la construcción del nuevo plan de desarrollo.
Otro tema esencial abordado por la Misión es la política general de ordenamiento territorial cuya ley orgánica debe servir precisamente para aclarar las competencias regionales.
Los vientos que soplan en el ámbito de la descentralización han traído consigo un fortalecimiento en varias instituciones comprometidas en esta gran empresa. El Departamento Nacional de Planeación buscará darles mayor visibilidad a las políticas de desarrollo territorial y generar presencia institucional en las regiones.
Dentro de las cajas de herramientas que acompañarán el proceso hay una de sustancial importancia: el Catastro Multipropósito, que servirá para ajustar los engranajes de la planeación y el ordenamiento territorial. La adopción de nuevos códigos fiscales municipales será útil para guiar, con el respaldo de la tecnología, los procesos de planeación financiera y tributaria.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social sentará las bases del que será un modelo integral de asistencia técnica territorial y ha venido promoviendo la construcción de Visión Colombia 2050, un documento que guiará el desarrollo del país como país de regiones. El gobierno corporativo de la Federación Nacional de Departamentos, que acaba de ser renovado, estará a cargo de mandatarios de los dos litorales, lo que le confiere un interesante carácter de representación y participación. Además de su presidente sucreño, Héctor Olimpo Espinosa, fue elegido vicepresidente el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón.
A su Consejo Directivo se integran los gobernadores de Casanare, Salomón Sanabria Chacón; Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero; Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo; Risaralda, Víctor Tamayo Vargas; Amazonas, Jesús Galdino Cedeño.
Esta nueva mesa directiva también asumirá el reto de liderar la reglamentación del Código Departamental, la implementación de la Ley de Región Metropolitana - recientemente sancionadas por el presidente Iván Duque-, dos grandes logros de los departamentos en su lucha por la autonomía territorial.
Todos ellos enarbolan las banderas de la descentralización y la autonomía. Todos los equipos institucionales saben bien que el camino que conduce a la descentralización, por sinuoso que haya sido, es un camino que ya no tiene retorno.
