sábado, 7 de marzo de 2020

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El panorama económico global es cada vez más complejo ante una eventual recesión. El cambio climático y situaciones de salud pública como el coronavirus no son temas de poca monta. No es menos relevante que el coronavirus se haya originado en China, pues como potencia productiva, su recesión hará que los mercados sientan el impacto económico de su estancamiento cuando una posible escasez de materia prima los afecte.

No podemos ser ajenos a la realidad en el sector de hidrocarburos, pues al estar estancada la producción china, la demanda de energía disminuye. Para el país, esta situación es relevante. Colombia atraviesa una etapa de cohesión social que ha permeado la planeación estatal, implementando políticas populares que implican un cambio brusco en su tradición productiva. Somos un país que depende de los hidrocarburos y esto no se puede obviar. Aunque es evidente que la transición a energías renovables y combustibles no fósiles se debe dar, no puede hacerse con medidas que desconozcan la realidad nacional. Ante la desaceleración de la inversión en las industrias extractivas por la inseguridad jurídica es necesario generar ambientes equilibrados, para enfrentar la recesión que se avecina.

Colombia cuenta con reservas de hidrocarburos suficientes para autoabastecerse y exportar. Por ello una restricción a la explotación responsable de estos recursos implica una pérdida de oportunidad para Colombia.

Actualmente el Consejo de Estado mantiene suspendidas dos regulaciones (Decreto 3004 de 2013 y Resolución 90341 de 2014) que impiden el desarrollo de Yacimientos No Convencionales (YNC), desarrollo necesario para evitar un estancamiento económico. Las altas Cortes deben entender el problema más allá de prohibir dicha práctica extractiva por desconocer su funcionamiento y las medidas de precaución existentes. Hay estándares técnicos, ambientales y sociales que permiten su desarrollo en sinergia con otras actividades, y Colombia ha hecho un esfuerzo relevante por implementarlos, lo que no se debe desechar.

El desarrollo de hidrocarburos en YNC no debe verse como una figura oscura y retrograda. No podemos ser miopes al actual interés de inversionistas en el desarrollo de YNC, que lejos de tener intenciones destructivas, busca beneficios para el país.

No se pueden olvidar los esfuerzos que ha hecho el gobierno a través de sus ministerios y entidades para regular la exploración y producción en YNC. Es notorio el avance que se ha dado con Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de exploración de hidrocarburos, incluidos los YNC; Regulaciones técnicas para la exploración y producción de YNC; y Elaboración de modelos contractuales para la realización de esta actividad de manera responsable.

Así mismo la ANH ha expedido Acuerdos como el 2 de 2017 para incorporar el Reglamento de Contratación para Exploración y Producción de Hidrocarburos en YNC y así estar en simbiosis con la normatividad para desarrollar estos yacimientos. Ello es un intento tangible del país por adaptarse a la nueva realidad de la actividad hidrocarburífera. Seguramente la industria de hidrocarburos puede brindar su conocimiento técnico para su desarrollo de manera sostenible, por lo que también se aplaude la implementación de los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) que evidenciarán que el desarrollo sostenible de esta actividad es viable.

El llamado es entonces al Estado para que tenga en cuenta que el tiempo es de la esencia. Bajo una visión optimista de exploración, se podría contar con la producción en proyectos de YNC iniciados hoy en aproximadamente 4-5 años. Por ello los esfuerzos se deben dar ya y el Gobierno debe enfocarse para lograr el desarrollo económico esperado y soportar las recesiones venideras.