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Crece la discusión sobre si es obligatorio presentar una reforma tributaria en el 2021 para elevar las contribuciones y hacer frente al históricamente difícil panorama fiscal del país. Aunque este nuevo remezón en los impuestos presente argumentos sólidos, es imposible avanzar en su implementación sin tener en cuenta que ciudadanía, sector productivo y comercio son fuentes de recaudo que están en proceso de reactivación económica, muchos de ellos aun buscando alivios tributarios para proteger ingresos y empleos que todavía están amenazados por la crisis de la pandemia.
Aplazar una reforma tributaria es una alternativa que no debería desecharse rápidamente si realmente pensamos en un balance entre lo que se proyecta recaudar y las capacidades de los contribuyentes en la etapa pos pandemia. Nuestra realidad económica hoy muestra un país con un endeudamiento por encima del 60% del PIB, lo cual hace comprensible que el Gobierno tenga como objetivo recaudar $20 billones para obtener una buena evaluación de las calificadoras de riesgo y para no perder el grado de inversión cayendo en círculos viciosos de países como Argentina o Venezuela, que no han podido controlar los niveles de déficit, inflación y gastos asfixiantes para los hogares.
No obstante, estamos en un momento donde apenas se están dimensionando las pérdidas de empleos e ingresos a raíz del Covid, y aunque haya optimismo para este año, la incertidumbre persiste, no solo por el temor a que se mantenga la desaceleración productiva, sino por todos los efectos políticos y socioeconómicos que una subida de impuestos puede generar cuando estamos ad portas del inicio de las campañas políticas, con varios sectores de izquierda radical buscando motivos para minar la institucionalidad y desestabilizar la Nación.
Las calificadoras de riesgo deben tener en cuenta las implicaciones de una crisis política y social en el país en pleno proceso electoral; de allí que el Gobierno también pueda considerar los efectos y otras alternativas para después proponer una reforma de tal alcance. No es un llamado a la irresponsabilidad fiscal, es una petición para que se avance más en la recuperación económica de hogares y empresas antes de poner en marcha una nueva tabla de contribución. Colombia ha sido de los pocos países que ha anunciado una tributaria para hacer frente a su déficit y deuda, pero si este es el único camino, debemos primero lograr un gran acuerdo nacional que proteja al máximo los ingresos y empleos de los colombianos.
Cabe recordar que, según el DANE, el 60% de los hogares colombianos devengan entre un salario mínimo y $4 millones mensuales. La clase media se caracteriza por hogares que perciben entre $600 mil y $3 millones mensuales. Aunque el 2020 entregó una serie de auxilios para mitigar la pérdida de ingresos y empleos, el tren de la reactivación aun no marcha al 100%.
La decisión no debe espantar la inversión ni afectar la capacidad adquisitiva de los hogares de clase media. Tramitar una reforma tributaria ahora para recaudar 2% PIB a través de la eliminación de exenciones y ampliando bases gravables golpeará a la clase media del país y a las empresas formales que están buscando reponerse de la crisis del COVID 19.
Subir impuestos ha sido la carta principal de todos los gobiernos durante años, pero en medio de esto que llamamos “la nueva realidad”, el país debe tener cautela con sus fuentes de recaudo al aplicar una reforma. Hablemos de austeridad fiscal, eliminemos burocracia excesiva y recuperemos primero la economía. Estamos atentos a escuchar las justificaciones del Gobierno Nacional y lograr mitigar los impactos negativos. Una alternativa es aprobar una reforma que se implemente en el 2023 para dar tiempo a la reactivación y a que todos estemos preparados.
