Trampas al contribuyente

Adelantar el recaudo tributario del próximo año, es la desesperante evidencia de que el Gobierno despilfarró y se quedó sin caja. Una vez más, aprovechando la distracción de la opinión en el paro nacional, se expidió sin mayor ruido el decreto 0572 de 2025 del 28 de mayo de 2025, que introduce modificaciones significativas en las tarifas de retención y autorretención en la fuente del impuesto sobre la renta. Es decir, pagar hoy los impuestos del año entrante, sin asegurar aún los inciertos ingresos del mañana.

El déficit fiscal del país cercano a 7% del PIB, que equivale a más de $12 billones, es producto del gobierno derrochón, ideologizado y sin ninguna planeación. Ya lo había intentado arbitrariamente con una reforma que se cayó hace unos meses. Ahora vía decreto, es la forma soterrada de sacar una “tributaria” sin la aprobación del Congreso, mediante un incremento abusivo y antitécnico.

Las consecuencias son nefastas. Se elevan las tasas de retención y autorretención en la fuente para aproximadamente 300 actividades económicas. Desde la minería que enfrentará una retención de 4,5%, siendo uno de los pocos sectores que en este momento están jalonando la economía, hasta actividades asociadas a servicios públicos como la generación y comercialización de energía, la extracción de gas natural y la captación, tratamiento y distribución de agua. Todas estas sufrirían incrementos que se ven reflejados en el incremento de recibos y tarifas que termina pagando el consumidor. Más sal a la herida situación de los servicios públicos en Colombia.

A la educación superior, en crisis por el insostenible modelo de financiamiento y subsidios, así como por la progresiva caída de estudiantes, se le impone un gravamen de 1,10%. Pero vamos más allá, actividades económicas de barrio como peluquerías o asociaciones comerciales, hoy tan comunes para crear emprendimientos, se les impone un gravamen de 3,5%. No tiene sentido. Carece de toda lógica obligar a las empresas y contribuyentes a endeudarse con dinero “futuro” que aún no han producido o no saben si van a percibir, para cumplir obligaciones presentes.

No sorprende. La ya típica improvisación en la gestión pública, expresada en la falta de experticia, criterio y formación técnica al frente de los ministerios, determina en este caso particular, otra “jugadita” de espaldas a la ciudadanía, como ha ocurrido con la salud o los servicios públicos: el cambio de las reglas sobre el camino y una vez más, la inseguridad tributaria que desincentiva la inversión y genera un mayor desempleo e incremento de la informalidad, además del hueco que dejan para el 2026.

Un ejemplo cotidiano. Una peluquería de barrio que paga un salario mínimo por el arriendo de un local y que depende de forma directamente proporcional al número de clientes, tendrá que adelantar el pago de impuestos, sobre la misma clientela -pues no va aumentar-, lo que la obliga a dos opciones: endeudarse o incrementar la tarifa por sus servicios. Al subir el precio, dejan de ir los clientes, es decir, disminuye la demanda. Por ende, no hay como pagar el impuesto y finalmente acaba condenada al cierre del negocio y el despido de sus tres o cuatro trabajadores promedio.

Lo mismo le ocurre a un restaurante. Bastante tienen ya con impuesto al consumo de 8% desde 2023, que había sido retirado durante la pandemia para reactivar el sector y que sumado a los que ya pagan de industria y comercio, y el de renta, generan el mismo efecto: incremento de precios, reducción de clientela y contracción de la economía. Los hospitales han manifestado que el aumento en la retención para servicios de salud, como la hospitalización, que pasa de 1,1% a 3,5%, agravará aún más su situación financiera obligando al cierre de servicios y de atención a los pacientes.

En un momento de bajo crecimiento económico, donde se debe incentivar la inversión y la productividad, se hace todo lo contrario, se asfixia literalmente a emprendedores y empresarios con más impuestos, generando un efecto ahogo que no va a permitir pagar esas obligaciones futuras, creando una espiral que conlleva irremediablemente a dos escenarios: la inevitable liquidación por falta de recurso y de caja, o la “huida” de inversionistas e incluso de nacionales, ante un país sin garantías ni condiciones tributarias claras para generar riqueza y empleo.

Ya obran sendas demandas por la violación de los artículos 150, 189 y 338 de la Constitución, al modificar elementos esenciales del tributo sin intervención del Congreso, así como a los principios de equidad tributaria, progresividad y debido proceso. No puede ser que una vez más, el gobierno nacional se salte los poderes públicos a su antojo. Ahora, impondrán la consulta popular por decreto, no importó la decisión ni el debate en el Congreso, burlado e irrespetado otra vez. Apelamos a la sensatez y conciencia jurídica del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Es el momento que Colombia demuestre su larga tradición institucional y de apego a la Ley, no al arbitrario capricho del gobernante de turno.