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En la última semana, Colombia ha sido testigo de una escalada violenta que asoma el preludio de los peores días de violencia, los que no veíamos hace años, producto del desgobierno y la complacencia política con el crimen. Delincuentes de toda pelambre, ideología y denominación que tomaron ventaja durante estos años de concesiones y beneficios. Más allá de la indignación que produce, sin duda, obedece a una lógica política y estratégica en año preelectoral.
El pasado 15 de abril, en Semana Santa, finalizaba el cese al fuego que durante meses “amparó” toda serie de homicidios, secuestros, desplazamientos y hechos proselitistas a las disidencias de las Farc de alias Calarcá, el mismo que fue encontrado el año pasado en vehículos de la UNP con armas, $60 millones, oro y otros delincuentes con órdenes de captura vigentes. Quedó en libertad, pues era un “gestor” de la mesa de negociaciones de paz. Al día siguiente, vendría el terror, lo que mejor saben hacer: activaron carros y motos bomba en Mondomo (Cauca) y en La Plata (Huila) en medio de las procesiones religiosas y sin ningún escrúpulo por la población civil, niños, ancianos y policías que acompañaban a la comunidad.
Dos días después, en vez de haber sido rechazados y condenados por el Gobierno, fueron premiados vía decreto presidencial: el 0448 del 17 de abril, que ordenó “la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía”, contra los integrantes de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las Farc, peor que el cese al fuego bilateral, maniatando sólo a la Fuerza Pública. Mientras la gente estaba descansando o rezando, los delincuentes se estaban regodeando. Todo de agache, aprovechando la Semana Mayor, engañando a los colombianos.
Esto es gravísimo. Sienta un pésimo precedente jurídico que amenaza el espíritu mismo de la Constitución y los fines esenciales de las autoridades de la República. Se pone la violencia y la ilegalidad encarnada en estos grupos ilegales, por encima de la preservación del orden público y la convivencia pacífica. Viola la línea jurisprudencial que protege la vida, la libertad y los derechos de los habitantes de Colombia, como precisa la Corte Constitucional en su sentencia C-251 de 2002, que procura “el fortalecimiento de las instituciones, para que puedan cumplir la misión constitucional de asegurar la convivencia pacífica perturbada por grupos armados que actúan al margen de la ley”.
El problema no es la violencia en sí, infortunadamente todos los países la sufren en diferentes formas e intensidad. El asunto de fondo es la indolencia política de quien debe condenarla y enfrentarla. Es la desfiguración descarada del Estado y sus instituciones, es el desaire con las familias de los uniformados, es el desprecio y desagradecimiento con su sacrificio. Cada acción contra nuestra Fuerza Pública no solo es un crimen, es un ataque directo contra los colombianos que claman seguridad.
A todo este panorama reprochable y de desinterés político por proteger a los colombianos del crimen, se suman las cobardes retaliaciones del Clan del Golfo durante la última semana contra la Policía, en respuesta por el abatimiento de varios de sus principales cabecillas. En los últimos días han asesinado cinco policías en Cartagena y Antioquia, además de varios lesionados de gravedad.
A nuestros policías y militares: no están solos. El país, las familias, el colombiano que sufre la amenaza de criminales arropados de ideología, los necesitan. La historia de Colombia la han escrito hombres y mujeres como ustedes, que aún en medio de la oscuridad, siguen siendo luz. El deber de ayudar al débil y al necesitado no se doblega y mientras haya quien lo defienda, Colombia tendrá esperanza.
