Las concesiones al crimen sin negociación ni castigo

El Gobierno radicó el peligroso proyecto de “sometimiento” a la justicia para criminales. Se trata de una especie de “paz total” con su ya probada impunidad, pero peor aún, sin negociación política, donde el Estado ofrece abiertamente reducciones de penas a cambio de armas e información, pero sin ningún proceso serio y real. Como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia, el texto fue radicado sin un debate público adecuado, lo que pone en duda su legitimidad. Es un acto político desesperado que entraña severos riesgos institucionales.

¿Qué propone realmente el proyecto? Lo primero es una serie de beneficios traducidos en rebajas de pena muy considerables: entre 5 y 8 años para jefes de estructuras criminales, 2 a 5 años para integrantes comunes y hasta 60% y 70% de reducción para quienes colaboren, promoviendo la perversa práctica de falsos testigos y testimonios, que no son otra cosa que calumnias y venganzas, usufructuadas para atacar a la oposición, obtener beneficios y réditos políticos.

Es una afrenta al colombiano trabajador, emprendedor y empresario. El proyecto de ley les permite conservar a quienes han cometido delitos, parte de los bienes que acumularon producto de extorsiones, del constreñimiento a campesinos para que les entregaran tierras, títulos mineros y para que abandonaran sus casas, etc. El hecho que les ampare conservar lo que han arrebatado con violencia, envía un pésimo mensaje no solo de impunidad, sino a la juventud, de que el camino del crimen es más beneficioso que el del trabajo honesto. Ahora sí seremos el “país de las bellezas”, premiados, exculpados, amparados y protegidos políticamente, mientras tanto, las víctimas, burladas e ignoradas.

La lógica de sometimiento debe tener estándares claros. No se trata de regalar impunidad, sino de estructurar un cuerpo jurídico que además permita recuperar el control institucional del Estado en las zonas donde estos grupos han infligido severos daños a las comunidades expuestas, a militares y policías en cumplimiento de su deber legal, a líderes sociales y de derechos humanos asesinados sistemáticamente en sus áreas de influencia criminal.

Extender un mecanismo de justicia transicional a organizaciones puramente criminales, equivale a abrir una negociación sin contrapartida ni contrapeso. Aunque el proyecto pretende apuntar a “juicios colectivos” y el desmantelamiento de redes, el entusiasmo por ofrecer rebajas de hasta 60% es absolutamente contraproducente si no se acompaña del resarcimiento del daño, principio fundamental del derecho penal.

Este principio señala que el autor de cualquier delito, tiene la obligación debe reparar el daño causado a la víctima, retornando a la condición previa en la que se encontraba, cuando se cometieron esos crímenes, en la máxima medida de lo posible. Busca compensar a la víctima por las consecuencias negativas, los perjuicios materiales y morales del delito, no solo a través de las necesarias sanciones penales para el victimario, sino también mediante la restitución de sus bienes, la indemnización económica y otras medidas. En este proyecto de ley, no habrá castigo o pena, ni resarcimiento o compensación. Todo por el ego de defender una “paz total” que resultó ser un fracaso total.

El mensaje para los administradores de justicia, la Fuerza Pública y las víctimas es nefasto, es demoledor. Por décadas persiguiendo o resistiendo al crimen para que se ofrezca una abierta impunidad sin negociación, castigo o resarcimiento del daño, definitivamente desilusiona. Gravísimo si además, se acompaña de actos simbólicos que enaltecen a los criminales en tarima o se perdona impunemente a los que utilizaron la violencia en la protesta social para apalancarse electoralmente. Esto quedó demostrado recientemente por la justicia, con las ejemplares condenas a los líderes de la Primera Línea, por cometer torturas, homicidios y vandalismo.

El camino para la paz, necesariamente pasa por una negociación, pero con estrategia, seriedad y reglas claras, con definidas líneas rojas, comprendiendo que quien marca el ritmo de estos procesos y las condiciones es el Estado, la legalidad, no el crimen. Es el Estado quien debe representar y proteger los intereses de la comunidad agraviada y azotada por los violentos desde hace varios años. Es quien pone las condiciones, no los criminales.

Si se ofrece un beneficio, nunca debe reemplazar el castigo, pues éste tiene un efecto ejemplarizante y sobre todo, evita que se repitan ciclos de violencia, proceso tras proceso de paz, que lo único que hace es reciclar grupos ilegales del pasado, que por el contrario, llegan con más fuerza, más envalentonados y generando peores escenarios de inseguridad y revictimización.

La paz no se construye con rebajas automáticas camufladas por intereses políticos, sino con reafirmación de la institucionalidad, de la seguridad y la justicia. Es lo que piden las comunidades, las víctimas. Solo así se evitarán múltiples estadios de falsa paz, disfrazada de treguas temporales para el crimen.