Constituyente populista: un viaje sin retorno

El gobierno ha reactivado la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. De entrada mienten a la ciudadanía y esta mentira parte del hecho de que, en campaña, hace cuatro años, para ser elegidos, grabaron sobre piedra y juraron que no acudirían a esta figura. Nos engañaron. Ahora surge al final del periodo presidencial para aprovechar el ánimo electoral y recolectar las firmas que requieren para impulsarla, motivar la movilización social y, además, para avivar, bajo el discurso populista que reclama más derechos pero menos obligaciones, la posibilidad de captar esos votos en la campaña de izquierda que da continuidad al proyecto político del actual gobierno.

El primer elemento crítico es el contexto. Esta iniciativa no surge de un consenso nacional comparable con el que dio origen a la Constitución de 1991, marcada por la violencia de los carteles, un acuerdo amplio y la urgente necesidad de modernizar las instituciones. Surge, en cambio, en medio de una campaña electoral, con polarización, violencia, amenazas y falta de garantías para la oposición, con un gobierno que, a pocos meses de terminar su mandato, busca incidir abiertamente en favor de la continuidad de sus políticas. La pregunta es: ¿estamos ante una reforma constitucional que contribuya al fortalecimiento de la democracia o ante una estrategia electoral para mantenerse en el poder?

El segundo elemento es el alcance jurídico de la propuesta. La narrativa oficial insiste en que se añadirían algunos capítulos; sin embargo, una vez convocada una Asamblea Constituyente, el riesgo que entraña cuando es impuesta por un solo actor, el gobierno, es la alteración del orden constitucional, es decir, la separación de poderes, el sistema de contrapesos y controles al poder y, por ende, el Estado de derecho. Se alteraría el sistema político que nos rige, la democracia, por un “hiperpresidencialismo”, como lo califica el constitucionalista Mauricio Gaona, lo que sería igual a una dictadura.

No es alarma, es la realidad. Fue el mismo libreto que siguió Venezuela con Chávez y Ecuador con Rafael Correa. En este caso, tras su posesión en 2007, convocó una consulta popular que, a través del Tribunal Electoral, destituyó a 57 parlamentarios de la oposición, lo que le permitió la mayoría para aprobar una nueva Constitución. Así se cambió a un Estado de “derechos”, se otorgó un rol de economía centralmente planificada, es decir, socialista, lo que redujo la intervención del mercado, incrementó el gasto público de forma excesiva y ahuyentó la inversión. Lo que vino fue un periodo de inestabilidad que obligó a dos reformas y enmiendas sucesivas en 2011, 2014 y 2018, derivando inconsistencia institucional y estancamiento.

La historia de Venezuela ya la conocemos: una nueva Constitución “bolivariana” atornilló por casi tres décadas el mismo régimen, con sus consecuencias: la hiperinflación más alta del mundo, persecución a la oposición, millones de migrantes y refugiados por el mundo, expropiación a las empresas, inseguridad desbordada, etc.

Retomando a Gaona, insiste en que este tipo de procesos es sumamente peligroso cuando se impone, pues además de alterar el orden institucional y económico puede cambiar el sistema democrático, llegando a un escenario extremo incluso donde se estaría “eligiendo al último presidente” bajo las reglas actuales. Puede parecer una exageración, pero estos dos ejemplos de la historia constitucional latinoamericana demuestran que estos procesos, impulsados por el populismo y el socialismo, terminan modificando el Estado y la sociedad en favor de gobiernos que no sueltan el poder, empobrecen la nación y la llevan a años de estancamiento social y económico, hundiéndolas en el atraso y el subdesarrollo.

El tercer elemento es el mensaje político. Impulsar una constituyente bajo el argumento de que el Congreso y las cortes “bloquean” las reformas introduce una narrativa peligrosa: aquella donde los contrapesos instituci0onales son obstáculos y no garantías democráticas. Y aquí hay una contradicción de fondo. Si el problema es la implementación de derechos ya existentes, ¿la solución es cambiar la Constitución o mejorar la capacidad y los controles del Estado para cumplirla?

Convertir una reforma a la Constitución en bandera de campaña deriva el más peligroso de los escenarios para la democracia, y es que deja de ser un acuerdo nacional para convertirse en un medio para atornillarse en el poder. Colombia ya recorrió un camino serio en 1991 para ampliar la participación democrática y asegurar los derechos fundamentales, no para concentrar el poder. Tres décadas después, la discusión no debería ser si necesitamos una nueva constituyente, sino si estamos dispuestos a asumir los riesgos que implica abrir la puerta de ese viaje sin retorno, en el escenario de polarización, posverdad y populismo actual.