Inflación y crimen

Un reciente análisis de The Economist de la realidad política de Chile en los días post rechazo es que mientras el Gobierno propone reformas en las pensiones, la salud y los impuestos lo que la gente quiere y siente como problemas prioritarios son soluciones al crimen y a la inflación. ¿Suena parecido?

El mensaje del gobierno Petro es claro en el sentido de gobernar para mitigar la pobreza y favorecer a los ciudadanos de menores ingresos, propósito en que sin lugar a duda convergen todos los partidos. Si bien en el propósito hay coincidencia no lo hay en el como lograr el objetivo. La propuesta central del gobierno es una reforma tributaria que le quite a los ricos para darle a los pobres, pero esa aproximación un tanto simplista al problema de la inequidad tiene grandes falencias. Y tiene grandes falencias porque la realidad económica y social es mas compleja y el hecho protuberante en esta complejidad es la inflación.

De todos es sabido que el mayor impuesto que se puede imponer a los sectores mas pobres de la población es la inflación y la dura realidad es que en el primer mes del Gobierno (agosto) la tasa de variación anual del IPC en Colombia fue de 10,8%, mientras que la variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 1%, y dentro de este crecimiento cabe destacar que lo que mas ha subido en el año son los alimentos. Los pobres pagan los platos rotos.

No se ve una política clara para enfrentar este fenómeno entendiendo que buena parte del esfuerzo debe venir del banco central. La herramienta que posee el Banco de la República para atajar el costo de vida es la tasa de interés y en efecto este ha venido incrementando la tasa, sin embargo, ello resulta ser una estrategia peligrosa en momentos en que la dinámica de crecimiento de la economía está dada por el consumo de los hogares, y que este consumo se financia con créditos de consumo que han venido creciendo.

Con mayores tasas de interés, la clase media endeudada verá erosionar aún más sus ingresos. La otra forma de neutralizar el impacto de la inflación sobre los hogares de menores ingresos es con más empleo y mejor remunerado, pero el interrogante que surge es si la reforma tributaria propuesta, que grava la inversión, resultará en más empleo y si las empresas tendrán después de impuesto el músculo para mejorar salarios de manera considerable. ¿Hasta cuando aguantará el bolsillo y la paciencia de los sectores más pobres enfrentados a una inflación creciente?

El otro tema que preocupa es el del crimen. La estrategia del Gobierno frente a este fenómeno es la paz total en el convencimiento, a mi juicio ingenuo, que, con amnistías y rebajas de penas se van a desmontar las estructuras criminales que existen en Colombia. Es difícil pensar que el negocio del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, y ahora de la invasión de tierras se acabe gracias a unos beneficios penales, en un país donde impera la impunidad. Por el contrario, lo que hemos visto en este primer mes es un recrudecimiento de la criminalidad y la violencia que afecta fundamentalmente a los sectores de menores ingresos. Son líderes sociales y policías asesinados, poblaciones pobres desplazadas y eso es claro en Bogotá, ciudad en la cual la violencia es mayor en las localidades más pobres.

El Gobierno debe centrar sus esfuerzos en combatir la inflación y la violencia y no distraerse en cambiar todo generando mayor incertidumbre.